La historia comenzó en Instagram, dentro de perfiles vinculados a la comunidad swinger, donde un hombre entabló contacto con una pareja y terminó manteniendo tres encuentros íntimos a solas con la mujer en su departamento. Aunque ella le había asegurado que su marido estaba al tanto de la relación y de acuerdo con lo que ocurría, el vínculo derivó en una emboscada el 6 de mayo de 2023 alrededor de las siete de la tarde en el barrio porteño de Caballito.
Ese día, la mujer le escribió diciéndole que estaba estacionada en la esquina de Hidalgo y Felipe Vallese a bordo de su camioneta Renault Kangoo gris y le pidió que bajara de su domicilio porque se le había partido y trabado la llave en el tambor de arranque. Cuando el hombre subió al asiento del conductor para intentar ayudarla, el esposo salió repentinamente desde el baúl, ingresó por la puerta corrediza del medio y comenzó a golpearlo con los puños en el rostro mientras ella cerraba la puerta lateral para impedirle escapar y le sacaba su teléfono celular Samsung A-11 del bolsillo izquierdo, presuntamente con el objetivo de borrar videos íntimos que habían filmado juntos.
Con el rostro ensangrentado y cortes en el pómulo y cerca del ojo que requirieron suturas en la guardia de la Clínica Bazterrica, la víctima comenzó a recibir en los días y meses siguientes llamados y mensajes intimidatorios desde distintas líneas telefónicas y cuentas de redes sociales, donde la mujer se burlaba de las marcas en su cara y amenazaba con que su marido volvería a atacarlo.
Tras ser condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 30 como coautores de lesiones leves en concurso real con robo simple -a un año y dos meses de prisión en suspenso para ella y a una pena única de cuatro años y cuatro meses de cumplimiento efectivo para él por una condena previa por estafas-, la defensa recurrió el fallo.
En su planteo, atacó la validez de las capturas de pantalla de Instagram, los chats y los audios de WhatsApp aportados por el denunciante alegando que carecían de firma digital bajo la Ley 25.506, cálculo de hash y cadena de custodia; pidió la nulidad de la historia clínica por falta de firma electrónica bajo las leyes 26.529 y 27.706; objetó el dictamen del Cuerpo Médico Forense; cuestionó la condena basada en un testigo único; y sostuvo que el robo era atípico porque no se acreditó la propiedad del celular con factura de compra ni registro de IMEI.
"El hash es, entonces, un recaudo de la adquisición forense, presupuesto que no se configura en el caso. La implementación de estos mecanismos se presenta como directivas o recomendaciones dirigidas a los órganos de persecución y no como condiciones de validez cuya omisión tornaría inutilizable la prueba"
Según el fallo al que accedió este medio, la Sala 1 -integrada por los jueces Jorge Luis Rimondi, Gustavo A. Bruzzone y Mauro A. Divito- rechazó cada uno de los agravios y desarrolló una hoja de ruta sobre el tratamiento de la evidencia electrónica en el proceso penal. En su voto, Rimondi admitió el punto de partida técnico de la defensa al señalar que un mensaje cursado por una plataforma con cifrado de extremo a extremo no lleva firma digital y que "su autoría no viene dada por el documento y debe establecerse con elementos que le son ajenos", aunque explicó que esa limitación impide que el archivo se pruebe a sí mismo pero no lo vuelve inadmisible.
Para sustentar ese criterio, invocó el principio de libertad probatoria del artículo 206 del Código Procesal Penal de la Nación y la definición amplia de documento del artículo 77 del Código Penal, que abarca toda representación de actos o hechos con independencia de su soporte.
Al analizar las exigencias técnicas invocadas por la defensa, los camaristas distinguieron entre las medidas de coerción estatal -que requieren autorización legal expresa y protocolos estrictos cuando el Estado secuestra dispositivos- y el aporte documental voluntario realizado por el propio destinatario de una comunicación, donde resulta inaplicable la regla de exclusión diseñada para frenar abusos policiales.
"Los jueces concluyeron que exigir prueba directa o certificaciones técnicas inalcanzables para los ciudadanos respecto de cada tramo de un delito "conduciría a un resultado manifiestamente irrazonable: la consagración de una impunidad arbitraria respecto de aquellos delitos que difícilmente dejan rastros de prueba directa".
Con cita de la Resolución PGN 756/16 del Ministerio Público Fiscal, el tribunal precisó que "el hash es, entonces, un recaudo de la adquisición forense, presupuesto que no se configura en el caso. La implementación de estos mecanismos se presenta como directivas o recomendaciones dirigidas a los órganos de persecución y no como condiciones de validez cuya omisión tornaría inutilizable la prueba".
Tampoco hubo ruptura de la cadena de custodia porque jamás se secuestraron teléfonos para peritar, por lo que las capturas y audios ingresaron válidamente como prueba indiciaria y cobraron fuerza de convicción al cruzarse con datos objetivos externos: los informes de tráfico y titularidad de Claro y Telecom, que demostraron cómo la imputada daba de baja una línea y activaba otra el mismo día para seguir contactando al damnificado.
En la misma línea de razonamiento, Casación descartó la nulidad de la historia clínica al explicar que las normas sobre registros médicos electrónicos regulan deberes administrativos de los prestadores de salud pero no crean exclusiones probatorias en sede penal, máxime cuando la constancia contaba con firma manuscrita y sello del médico de guardia y coincidía con las fotos, el informe del Cuerpo Médico Forense y la cicatriz visible en el rostro de la víctima durante el debate.
También rechazó la crítica sobre el testigo único al recordar que nuestro sistema abandona la prueba tasada en favor de la sana crítica racional, confirmó la coautoría funcional de la mujer por haber montado el engaño y cerrado la puerta del vehículo, y desestimó la atipicidad del robo aclarando que el artículo 164 del Código Penal protege la tenencia y exige la ajenidad de la cosa sin requerir facturas de dominio civil. Al confirmar las penas, los jueces concluyeron que exigir prueba directa o certificaciones técnicas inalcanzables para los ciudadanos respecto de cada tramo de un delito "conduciría a un resultado manifiestamente irrazonable: la consagración de una impunidad arbitraria respecto de aquellos delitos que difícilmente dejan rastros de prueba directa".