La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Justicia nacional en lo criminal y correccional deberá investigar la denuncia por amenazas coactivas contra el periodista Rodolfo Barili.
El conductor del noticiero Telefé Noticias denunció que recibió mensajes intimidatorios a través de Instagram dirigidos a él y a su familia.
En una primera instancia, el juzgado federal consideró que los hechos podían encuadrarse como un delito de amenazas simples y declinó su competencia en favor de la justicia porteña, al entender que las intimidaciones tenían una motivación particular y no implicaban una afectación a la seguridad nacional ni a intereses del Estado.
Barili relató que tanto él como su esposa y su hijo comenzaron a recibir mensajes amenazantes en Instagram desde una cuenta identificada por el nombre con el que el usuario se presenta en esa red social.
Según el expediente, la persona le exigía difundir información vinculada con presuntos hechos delictivos de los que decía tener conocimiento.
El máximo tribunal intervino para resolver un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires.
En una primera instancia, el juzgado federal consideró que los hechos podían encuadrarse como un delito de amenazas simples y declinó su competencia en favor de la justicia porteña, al entender que las intimidaciones tenían una motivación particular y no implicaban una afectación a la seguridad nacional ni a intereses del Estado.
Sin embargo, desde la justicia de la Ciudad sostuvieron que el caso debía continuar en la órbita nacional.
El magistrado de ese fuero argumentó que “las amenazas habrían tenido como finalidad” que Barilli, “en su calidad de periodista, difundiera la información aportada por el imputado, los hechos constituirían el supuesto delictivo de amenazas coactivas, cuyo conocimiento corresponde a la justicia nacional por no haber sido transferido a la ciudad”.
En su dictamen, el procurador general Eduardo Casal sostuvo que, si bien “las amenazas denunciadas tendrían estricta motivación particular, y no se observa la posibilidad de que resulte afectada, directa o indirectamente, la seguridad del Estado nacional o alguna de sus instituciones”, el caso debía seguir investigándose en la justicia ordinaria.
En ese sentido, agregó: “Al menos de momento, no puede descartarse que los hechos resulten subsumibles en el delito de amenazas coactivas, por lo que, al no haberse traspasado esta última figura a la órbita judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su conocimiento corresponde al fuero nacional en lo criminal y correccional que, en definitiva, posee la más amplia competencia”.
El dictamen concluyó que “sin perjuicio de cuanto resulte con posterioridad, opino que compete a la justicia nacional en lo criminal y correccional proseguir la presente investigación, aunque no haya sido parte en la contienda”.
La Corte respaldó esa interpretación y dispuso que se sortee el juzgado que continuará con la causa, que investigará las amenazas denunciadas por el periodista y su familia.