La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca admitió el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y ordenó una prohibición cautelar de restricción de acercamiento por 60 días respecto de un menor inimputable en una investigación por abuso sexual con acceso carnal.
La medida alcanza al adolescente involucrado y tiene como objetivo principal resguardar la integridad de la víctima, un niño de 9 años, así como garantizar el avance de la investigación penal preparatoria.
La Cámara evaluó elementos como la denuncia, el testimonio de la madre de la víctima, un reconocimiento médico legal, una pericia química y la historia clínica de la atención recibida en la guardia pediátrica del Hospital Penna.
El caso se originó en una denuncia formulada por el hecho ocurrido el 12 de septiembre de este año. La Fiscalía de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil había solicitado la restricción de acercamiento ante el Juzgado de Garantías del Joven N° 1.
La jueza de primera instancia rechazó el pedido. Argumentó que resultaba suficiente la intervención del Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes y que el fuero penal juvenil debe regirse por los principios de intervención mínima y subsidiariedad, en línea con la Observación General 24 de Naciones Unidas y las reglas internacionales sobre justicia de menores.
La Cámara consideró que esa decisión resultaba arbitraria. Los jueces Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri sostuvieron que la denegatoria se apartaba de las constancias de la causa y de las previsiones de la Ley de Víctimas N° 15.232, del artículo 83 del Código Procesal Penal y de la normativa específica del fuero (Ley 13.634).
Según el fallo, la intervención de los organismos de protección no sustituye ni se contrapone con las medidas cautelares que puede disponer el juez de garantías en sede penal juvenil, especialmente cuando se alega un gravamen irreparable o de tardía reparación ulterior para la víctima y para la propia investigación.
La Cámara evaluó elementos como la denuncia, el testimonio de la madre de la víctima, un reconocimiento médico legal, una pericia química y la historia clínica de la atención recibida en la guardia pediátrica del Hospital Penna.
Con ese material, los magistrados concluyeron que estaban cumplidas las exigencias para imponer la medida de menor injerencia en la libertad ambulatoria del causante, en los términos del artículo 42 de la Ley 13.634 y de las disposiciones sobre medidas cautelares del Código Procesal Penal bonaerense.
El tribunal también desestimó la idea de que la Ley 27.801, que modificó la franja etaria de responsabilidad penal, hubiera alterado las facultades del juez para disponer medidas de seguridad o de protección en casos de extrema gravedad respecto de niños inimputables.
Señalaron que la normativa vigente mantiene la posibilidad de adoptar este tipo de restricciones cuando resulta necesario para resguardar a la víctima y para determinar, eventualmente, la necesidad y duración de una medida de seguridad.
La resolución ordena notificar al juzgado de grado, al Ministerio Público Fiscal, a la defensa y al denunciado, y devolver las actuaciones una vez cumplido.