Casal abre el libro de pases

Para hacer frente al despliegue del sistema acusatorio en el mapa federal, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, abrió formalmente la puerta para la migración de empleados y funcionarios de los tribunales hacia las fiscalías. A través de la Resolución PGN 84/26,  el organismo dictó el reglamento que fijará las pautas y requisitos de este régimen de traspaso voluntario.  

La medida busca paliar las acuciantes "necesidades de recursos humanos" generadas por el modelo procesal adversarial, el cual ya funciona plenamente en Salta y que el Poder Ejecutivo ordenó poner en marcha en jurisdicciones neurálgicas como Rosario, Mendoza, General Roca, Mar del Plata, La Plata, Córdoba y la Capital Federal, entre otras.  

El reglamento delinea un mecanismo de integración interinstitucional: la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos de la Procuración será la encargada de requerir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o al Consejo de la Magistratura la nómina de trabajadores que soliciten la transferencia.

Sin embargo, la condición fundamental que exige el Ministerio Público para abrir sus puertas es financiera. La norma aclara que el pase se instrumentará cuando el solicitante integre la nómina y su cargo "se encuentre en condiciones de ser transferido con la previsión presupuestaria correspondiente".

"Todo traspaso de funcionarios o empleados entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen".

Con la intención de resguardar el estatus de los trabajadores, la reglamentación advierte que "todo traspaso de funcionarios o empleados entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen", garantizando el respeto por la jerarquía, la antigüedad y la especialidad técnica.

os candidatos interesados deberán superar un examen de aptitud psicofísica y no registrar antecedentes penales dolosos, sanciones disciplinarias en los últimos cinco años, ni sumarios en trámite que sean pasibles de cesantía o exoneración.  

Asimismo, para el personal interino o contratado, el sistema computará el tiempo de servicio prestado en el Poder Judicial a los fines de una eventual efectivización dentro de las fiscalías.  

La migración, no obstante, no será un mero trámite automático. Los candidatos interesados deberán superar un examen de aptitud psicofísica y no registrar antecedentes penales dolosos, sanciones disciplinarias en los últimos cinco años, ni sumarios en trámite que sean pasibles de cesantía o exoneración.  

Quienes superen este filtro se someterán a una doble instancia de entrevistas. En primer lugar, una evaluación de perfil a cargo de la Secretaría General y, posteriormente, un encuentro con los fiscales con funciones de coordinación en la jurisdicción de destino. En esa etapa técnica, realizada en conjunto con la Unidad Especial Estratégica (UNISA), se medirán los conocimientos del postulante sobre las lógicas y exigencias del nuevo sistema penal acusatorio.  

Una vez materializada la transferencia del crédito presupuestario y firmada la designación, el proceso culminará con una exigencia de actualización profesional insoslayable.

La resolución estipula que los ingresantes tendrán un plazo de un año para realizar y aprobar todas las capacitaciones obligatorias fijadas por el Plan Estratégico de Capacitación del Ministerio Público Fiscal (PEC), afianzando así su adaptación al trabajo de litigación adversarial.