29 de July de 2026
Edición 7504
Próxima Actualización: 30/07/2026
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentó un documento técnico con 24 propuestas de reforma orientadas a fortalecer la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal.
El trabajo se elaboró en el marco de la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal, convocada por el Ministerio de Justicia con el objetivo de redactar un anteproyecto de reforma.
A 12 años de la sanción del Código Procesal Penal Federal (CPPF), ocurrida en 2014, el principal desafío que enfrenta la política judicial del país sigue siendo completar la puesta en marcha del sistema acusatorio en todas las jurisdicciones federales.
El enfoque del trabajo es integral: no se limita a reformar el código procesal, sino que incorpora también las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de los actores del sistema.
Aunque el código fue aprobado hace más de una década, su entrada en vigencia ha sufrido sucesivas postergaciones y aún no abarca la totalidad del territorio.
Frente a esta situación, el documento sostiene que cualquier reforma legislativa debe apuntar a consolidar el funcionamiento del sistema, aprovechando la experiencia acumulada y evitando cambios que desnaturalicen sus principios rectores.
Las 24 propuestas incluyen modificaciones al propio Código Procesal Penal Federal, a la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal Penal, a las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, y a la Ley de Implementación del CPPF.
Según el instituto, se trata de una intervención normativa limitada: se concentran en aquellas reformas consideradas indispensables para mejorar el sistema y se descartan ajustes innecesarios o meramente coyunturales.
Entre los ejes centrales del documento se destacan cinco líneas de acción. La primera apunta a completar la implementación del sistema acusatorio en todo el país.
La segunda busca modernizar la organización de la Justicia Federal. La tercera propone fortalecer la planificación estratégica y la gestión de los Ministerios Públicos.
La cuarta se orienta a mejorar la investigación de la criminalidad compleja. Y la quinta apunta a optimizar la gestión judicial y el uso de los recursos disponibles.
El enfoque del trabajo es integral: no se limita a reformar el código procesal, sino que incorpora también las leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de los actores del sistema.
De este modo, se pretende abordar de manera coordinada tanto las normas de procedimiento como las de organización y gestión de la justicia penal federal.
La demora en la plena vigencia del CPPF generó un escenario de implementación parcial que, según el diagnóstico del documento, dificulta la consolidación de un modelo acusatorio homogéneo a nivel nacional.
La experiencia de más de 10 años de aplicación en algunas jurisdicciones permite, sin embargo, identificar ajustes concretos que podrían mejorar la eficiencia, la especialización y el uso racional de los recursos sin alterar la lógica adversarial del sistema.