Mudan la Unidad 24/7

La persecución penal de las estafas virtuales, el fraude informático y los ataques a sistemas críticos depende cada vez más de la velocidad con que se preserva la información antes de que los servidores la borren o la muevan a paraísos digitales.

Con esa premisa, el Ministerio de Justicia formalizó la reubicación orgánica de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital, el nodo técnico encargado de articular la recolección urgente de datos telemáticos con el resto del mundo. A partir de la Resolución 549/2026, suscripta por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la dependencia deja de pertenecer a la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales para pasar a operar dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.  

La arquitectura del organismo se apoya en el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa -adoptado en Budapest en 2001 e incorporado al ordenamiento jurídico argentino por el Congreso en la Ley 27.411-. El tratado multilateral establece un régimen de cooperación procesal transfronteriza y fija en su artículo 35 una cláusula operativa indispensable: cada Estado parte debe contar con un enlace técnico activo las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, capaz de actuar sin demoras burocráticas en investigaciones informáticas y en el aseguramiento de evidencia volátil.  

Bajo ese estándar internacional, la Argentina había constituido formalmente este punto de contacto a fines de 2019. Las funciones asignadas a la mesa no se limitan a canalizar notas diplomáticas: abarcan la asistencia técnica directa a investigadores, la aplicación expedita de los pedidos de conservación preventiva de datos de tráfico y contenido, la obtención de elementos de prueba digital, el intercambio de criterios jurídicos y la cooperación en la localización territorial de sospechosos. Sin embargo, la Cancillería retiene de manera exclusiva el rol de autoridad central para la tramitación de las rogatorias y los tratados de asistencia mutua tradicional.

"La evolución de la ciberdelincuencia, el creciente carácter transnacional de la evidencia digital y la multiplicidad de ámbitos territoriales en los que esta puede alojarse requieren fortalecer la coordinación interjurisdiccional."

El fundamento del traslado responde a la necesidad de sincronizar el brazo operativo internacional con el diseño de la persecución penal puertas adentro.

En los considerandos oficiales, la cartera de Justicia remarcó que "la evolución de la ciberdelincuencia, el creciente carácter transnacional de la evidencia digital y la multiplicidad de ámbitos territoriales en los que esta puede alojarse requieren fortalecer la coordinación interjurisdiccional".

Desde esa perspectiva, el movimiento procura ensamblar el enlace de Budapest con el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), articulando la investigación de activos virtuales y las complejidades procesales que imponen las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial.  

La medida habilita a la dependencia a cursar convocatorias directas al Ministerio de Seguridad Nacional, al Poder Judicial de la Nación, a los Ministerios Públicos Fiscales y a las administraciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para integrar mesas interinstitucionales.

Según el documento, el cambio "permitirá complementar las acciones desarrolladas por el PRONACIB e incorporar la experiencia obtenida a través de la cooperación internacional al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas impulsadas por la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL"