16 de June de 2026
Edición 7475
Próxima Actualización: 17/06/2026
El Gobierno nacional fijó para el próximo 21 de septiembre la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, mientras que su aplicación en la provincia de Córdoba fue diferida hasta el 8 de marzo de 2027.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 275/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco del cronograma de implementación progresiva del nuevo régimen procesal penal federal.
La resolución recordó que la Ley 27.150 establece que el Código Procesal Penal Federal “entrará en vigencia en virtud del cronograma de implementación progresiva que determine el Ministerio de Justicia”. También remarcó que esa cartera se encuentra facultada para dictar los actos necesarios para su puesta en marcha.
El nuevo régimen procesal introduce el sistema acusatorio en la justicia penal federal. Bajo este modelo, los fiscales del Ministerio Público Fiscal asumen la dirección de la investigación penal, mientras que los jueces concentran su función en el control de legalidad y en la resolución de los planteos de las partes.
La reforma apunta a agilizar los procesos mediante audiencias orales, digitalización de trámites y una separación más clara de roles entre acusación, defensa y judicatura. También busca reducir los tiempos judiciales y fortalecer la intervención de las víctimas dentro del proceso penal.
Hasta el momento, el sistema acusatorio ya fue instaurado en nueve distritos federales, que comprenden las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En los considerandos, el Ministerio de Justicia sostuvo que la implementación progresiva del Código “se sustentó en la necesidad de profundizar la efectiva consolidación del proceso de reforma en todo el territorio nacional, en resguardo de los intereses del Estado Nacional y de la eficiencia del sistema de justicia penal federal”.
La resolución también señaló que la cartera viene impulsando la puesta en marcha del Código “con el objetivo de reactivar el proceso de reforma y ampliar su vigencia territorial, conforme a criterios de planificación operativa estratégica y sostenibilidad institucional”.
Hasta el momento, el sistema acusatorio ya fue instaurado en nueve distritos federales, que comprenden las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
También se encuentra vigente en regiones de la provincia de Buenos Aires correspondientes a las jurisdicciones federales de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.
Para justificar la nueva fecha, el Ministerio de Justicia hizo hincapié en los avances alcanzados en materia edilicia, tecnológica y de capacitación. En ese sentido, la resolución sostuvo que se realizaron “diferentes instancias de evaluación y coordinación técnica con los distintos organismos involucrados”, orientadas a relevar las condiciones necesarias para la puesta en marcha del sistema.
En cambio, aún resta avanzar en otros nueve distritos, entre ellos Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones, además de sectores de la provincia de Buenos Aires, como La Plata y San Martín, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el caso de La Plata, la entrada en vigencia había sido prevista inicialmente para el 18 de mayo de 2026. Luego, con el objetivo de fortalecer la previsibilidad del proceso y concluir las acciones preparatorias, esa fecha fue diferida hasta el 30 de noviembre de 2026.
Ahora, la Resolución 275/2026 vuelve a modificar el cronograma y adelanta la puesta en marcha del sistema acusatorio en esa jurisdicción para el 21 de septiembre.
La jurisdicción de La Plata comprende una zona extensa de la provincia de Buenos Aires. Según la resolución, abarca 17 partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste bonaerense y 23 partidos del noroeste provincial.
El texto oficial destacó además la importancia estratégica del territorio, ya que allí se encuentran emplazados el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, definidos como “nodos de significativa relevancia para el tránsito comercial, logístico y poblacional de la región”.
Para justificar la nueva fecha, el Ministerio de Justicia hizo hincapié en los avances alcanzados en materia edilicia, tecnológica y de capacitación. En ese sentido, la resolución sostuvo que se realizaron “diferentes instancias de evaluación y coordinación técnica con los distintos organismos involucrados”, orientadas a relevar las condiciones necesarias para la puesta en marcha del sistema.
También remarcó que el Ministerio realizó aportes al Poder Judicial de la Nación, a la Procuración General y a la Defensoría General “con el fin de fortalecer las condiciones de funcionamiento del sistema en la jurisdicción y asegurar estándares homogéneos que permitan garantizar su adecuada operatividad”.
La resolución lo expresó en esos términos al señalar que “el estado de avance alcanzado en las acciones de adecuación edilicia, incorporación de tecnología, fortalecimiento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional” permite contar con “un grado suficiente de preparación” para establecer la nueva fecha.
Uno de los puntos mencionados fue la incorporación de tecnología para investigación penal. La resolución indicó que se entregaron herramientas para fortalecer “las capacidades de análisis forense digital” mediante la adquisición de Sistemas UFED y equipamiento asociado.
Según el texto, esa incorporación permite elevar “cualitativamente la capacidad de tratamiento de evidencia digital” y contribuye a una persecución penal más eficaz, con mayores estándares de trazabilidad y preservación de la cadena de custodia.
La resolución también destacó el trabajo conjunto con la Procuración General para identificar y ejecutar soluciones de infraestructura edilicia, con el objetivo de adecuar espacios de trabajo y disponer de instalaciones acordes al nuevo modelo de gestión judicial.
En paralelo, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura avanzan en las tareas de adecuación, montaje y puesta en funcionamiento de salas de audiencias para el sistema acusatorio.
Ese trabajo incluye, según la resolución, “la adquisición e instalación de equipamiento tecnológico, sistemas audiovisuales, conectividad y herramientas de registración digital necesarias para el adecuado desarrollo de las audiencias orales”.
Además, las inversiones en infraestructura y tecnología fueron acompañadas por acciones de capacitación, entre ellas simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa para magistrados, funcionarios y equipos técnicos.
Con ese panorama, el Ministerio concluyó que los avances registrados en la jurisdicción de la Cámara Federal de La Plata permiten fijar una nueva fecha de entrada en vigencia del Código, sin perjuicio de que continúen las acciones de fortalecimiento institucional.
La resolución lo expresó en esos términos al señalar que “el estado de avance alcanzado en las acciones de adecuación edilicia, incorporación de tecnología, fortalecimiento de capacidades institucionales y coordinación interinstitucional” permite contar con “un grado suficiente de preparación” para establecer la nueva fecha.
En cambio, Córdoba deberá esperar. Aunque el cronograma original contemplaba la implementación del sistema acusatorio en junio de 2026, la entrada en vigencia fue reprogramada para el 8 de marzo de 2027.
La medida se enmarca en una estrategia gradual. El Ministerio de Justicia remarcó que la implementación del Código Procesal Penal Federal constituye “una política de Estado en materia de justicia penal”, cuyo desarrollo requiere cooperación entre los tres poderes, asignación eficiente de recursos y sostenibilidad técnica.
También afirmó que la puesta en marcha en las jurisdicciones de mayor complejidad exige una “actuación coordinada y proactiva entre todos los actores públicos involucrados”, para garantizar que la transición cuente con los medios, estructuras y recursos necesarios.
De esta forma, el sistema acusatorio federal sumará en septiembre una nueva jurisdicción clave en la provincia de Buenos Aires, mientras el calendario de implementación nacional seguirá abierto para los distritos restantes.
La medida fue oficializada con la Resolución 275/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.