17 de Noviembre de 2026
Edición 7569 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/11/2026
Diario Judicial

Dólar judicial

La Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata modificó una sentencia que había ordenado pagar una deuda en dólares al tipo de cambio MEP. Estableció que la conversión deberá realizarse, una vez firme la liquidación, según la cotización más alta entre el dólar oficial y el financiero. Además, elevó al 13% anual la tasa de interés punitorio y analizó los límites para invocar la nulidad de un reconocimiento de deuda por simulación ilícita.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, modificó parcialmente una sentencia en un litigio por el cumplimiento de un reconocimiento de deuda en dólares y estableció que la conversión a pesos deberá realizarse tomando la cotización más alta entre el dólar oficial y el dólar MEP al momento en que quede firme la liquidación.

La decisión fue dictada en los autos “Cueva del Tigre S.A. c/ Saccone, Ariel Arturo s/ cumplimiento de contratos civiles/comerciales”, un juicio que se originó en la compraventa de un campo en Coronel Dorrego. El fallo cuenta con los votos de los camaristas Roberto José Loustaunau y Ricardo Domingo Monterisi. 

El 20 de marzo de 2019, las partes instrumentaron la operación por un precio de 200.000 dólares, de los cuales se abonaron 50.000 al momento de la escritura. El saldo de 150.000 dólares debía cancelarse un año después.

Ese mismo día, comprador y vendedor suscribieron un reconocimiento de deuda por otros 250.000 dólares, con vencimiento también el 20 de marzo de 2020, y un pagaré por idéntico importe. El documento privado establecía que la obligación tenía origen en la venta de la fracción de campo, aunque aclaraba que no integraba el saldo de precio consignado en la escritura.

El demandado cuestionó la exigibilidad del reconocimiento de deuda y sostuvo que se trataba de un sobreprecio oculto, instrumentado por fuera de la escritura para eludir obligaciones fiscales. En consecuencia, planteó su nulidad por considerar que tenía una causa ilícita y que vulneraba el orden público.

La Cámara rechazó ese planteo. El juez Loustaunau señaló que el demandado había participado en el acto cuya invalidez pretendía obtener y que, bajo su propia hipótesis de simulación ilícita, no podía ejercer una acción de nulidad contra la otra parte.

“La acción de nulidad no puede ser planteada por quien ha sido parte de una simulación ilícita”.

Para abordar la cuestión, el tribunal examinó el artículo 335 del Código Civil y Comercial, que impide a quienes participaron de un acto simulado ilícito o perjudicial para terceros ejercer acciones entre sí sobre la simulación, salvo que no puedan obtener beneficio alguno de sus resultados.

Dos párrafos después, al desarrollar esa limitación, el magistrado explicó que “la acción de nulidad no puede ser planteada por quien ha sido parte de una simulación ilícita”, por lo que quien intervino voluntariamente en ese acuerdo debe soportar las consecuencias jurídicas de su propia conducta.

La Cámara también observó que el demandado no había acompañado un contradocumento que respaldara su pretensión, conforme a la exigencia prevista en el artículo 335 del Código Civil y Comercial. Además, consideró que sus propias comunicaciones posteriores al vencimiento reconocían la existencia de dos obligaciones diferenciadas.

El tribunal aclaró que no había podido determinarse con precisión la causa final del reconocimiento de deuda, pero que esa circunstancia no impedía presumir su existencia y licitud, conforme a los artículos 282, 1012 y 1013 del Código Civil y Comercial.

Otro de los puntos discutidos fue la tasa de interés aplicable. El reconocimiento de deuda había establecido un interés moratorio del 5% mensual. Sin embargo, la jueza de primera instancia había morigerado esa tasa y fijado un 7% anual.

Ambas partes apelaron. El demandado consideró excesiva la tasa establecida para una obligación en dólares, mientras que la actora cuestionó la reducción y sostuvo que el porcentaje resultaba insuficiente frente al incumplimiento.

La Cámara modificó ese aspecto y elevó la tasa al 13% anual, con fundamento en el artículo 771 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces a reducir los intereses cuando su aplicación excede injustificadamente el costo medio del dinero para operaciones similares.

“La aplicación de las pautas del art. 794 segundo párrafo del CCCN y la comparación con las tasas que se cobran en operaciones similares son claramente dificultosas”.

El magistrado señaló que las dificultades para efectuar esa comparación se vinculaban con la propia conducta procesal de las partes, que no habían aportado elementos suficientes para esclarecer la naturaleza de la operación ni proporcionar parámetros adecuados de comparación.

En ese contexto, Loustaunau sostuvo que “la aplicación de las pautas del art. 794 segundo párrafo del CCCN y la comparación con las tasas que se cobran en operaciones similares son claramente dificultosas”, y consideró los antecedentes de la propia Sala en materia de obligaciones pactadas en moneda extranjera.

Entre ellos mencionó decisiones anteriores en las que se había admitido una tasa del 13% anual para préstamos en dólares sin garantía hipotecaria. Sobre esa base y las particularidades del caso, propuso establecer ese porcentaje como interés punitorio.

La discusión cambiaria también llegó a la Cámara. La sentencia de primera instancia había permitido al deudor cancelar la obligación en pesos mediante la cantidad necesaria para adquirir los dólares adeudados al tipo de cambio MEP.

El demandado cuestionó ese mecanismo y sostuvo que debía utilizarse exclusivamente la cotización oficial del Banco Nación, invocando el régimen del artículo 765 del Código Civil y Comercial y la imposibilidad de adquirir dólares en el mercado oficial.

“Una vez firme la liquidación, la conversión de la moneda de pago deberá efectuarse al valor del dólar oficial o del dólar MEP que resulte más alto en ese momento”.

La Cámara modificó el criterio. Consideró que la conversión debía contemplar tanto el tipo de cambio oficial como el MEP y que correspondía utilizar el que resultara más elevado al momento de quedar firme la liquidación.

Para fundamentar esa solución, el tribunal señaló que la relación entre ambas cotizaciones podía variar y que, al momento de resolver, incluso se habían registrado períodos en los que el dólar oficial superaba al MEP.

En consecuencia, dispuso wue “Una vez firme la liquidación, la conversión de la moneda de pago deberá efectuarse al valor del dólar oficial o del dólar MEP que resulte más alto en ese momento”.

La pauta fue incorporada expresamente en la parte resolutiva y deberá aplicarse al momento de determinar la equivalencia en moneda nacional de la obligación reconocida.

Por último, la Cámara confirmó el rechazo del reclamo de daños y perjuicios promovido por Cueva del Tigre S.A. La sociedad había sostenido que el incumplimiento de Saccone le había impedido afrontar compromisos asumidos como garante de otra empresa, lo que habría generado consecuencias económicas adicionales.

Sin embargo, los jueces consideraron que no se había acreditado que el demandado conociera esos compromisos financieros ni que la imposibilidad de cumplirlos constituyera una consecuencia previsible de su incumplimiento contractual.

La Sala también modificó la imposición de costas. Como el reclamo por daños había sido rechazado, distribuyó las correspondientes a ambas instancias en un 80% a cargo del demandado y un 20% a cargo de la actora.

De esta manera, la Cámara hizo lugar parcialmente a los recursos de ambas partes, confirmó el reconocimiento de deuda, fijó los intereses punitorios en el 13% anual y estableció que la conversión a pesos deberá realizarse según la cotización más alta entre el dólar oficial y el MEP al momento en que quede firme la liquidación.



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