La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reconoció la existencia de una relación laboral entre un caddie y el Jockey Club Asociación Civil, luego de revocar una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda por despido. La decisión fue dictada en los autos “Córdoba, Marcelo Elías c/ Jockey Club Asociación Civil y otro s/ despido”, por la Sala I, con los votos de Gabriela Alejandra Vázquez y Enrique Catani.
El trabajador había prestado servicios en la institución desde el 16 de abril de 1986 hasta el 9 de mayo de 2019. Durante ese período se desempeñó como caddie, pero también realizaba otras tareas vinculadas con el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
“Especial relevancia atribuyo a las tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y del campo de golf”.
Ese aspecto fue destacado por la jueza Gabriela Alejandra Vázquez, autora del voto principal. Para la magistrada, la actividad del trabajador no podía analizarse exclusivamente desde el servicio que prestaba a los jugadores durante el recorrido de la cancha.
Los testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de que Córdoba también participaba en tareas de mantenimiento y limpieza, recibía instrucciones del master caddie, cumplía horarios y estaba sujeto a controles sobre su ingreso y desempeño. A ello se sumaban la determinación de tarifas y la existencia de sanciones ante determinados incumplimientos.
Al valorar esos elementos, Vázquez sostuvo que revestían particular importancia “las tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y del campo de golf”, porque demostraban que la prestación excedía la asistencia individual a los jugadores y se integraba en la organización del club.
La Cámara entendió que ese conjunto de circunstancias permitía advertir la existencia de facultades de dirección y disciplina por parte de la institución.
“Esa circunstancia impide reducir la prestación del actor a un servicio autónomo brindado exclusivamente al jugador durante el recorrido de la cancha”.
En esa línea, la Sala consideró acreditados los elementos característicos de una relación de dependencia, en los términos de los artículos 21 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. La prestación no podía considerarse autónoma por el solo hecho de estar asociada a un servicio que los caddies brindaban a los jugadores, cuando las condiciones concretas demostraban su inserción en la estructura organizativa de la entidad.
A partir de esa valoración, revocó el pronunciamiento de grado y admitió los rubros indemnizatorios reclamados por el trabajador. La condena contra el Jockey Club ascendió a $1.579.264,52 a valores históricos, con actualización mediante el índice de precios al consumidor (IPC) más un interés puro del 3% anual. Además, la institución deberá entregar los certificados laborales correspondientes.
La responsabilidad del directivo
El pronunciamiento también abordó la pretensión de extender la condena al expresidente de la entidad, Miguel Enrique Crotto. Sin embargo, en este punto la Cámara mantuvo un criterio diferenciado y rechazó atribuirle responsabilidad personal.
Los jueces consideraron que no se había demostrado una intervención concreta del directivo en la contratación, registración o dirección del vínculo laboral. La sola circunstancia de haber conducido o administrado la institución no resultaba suficiente para responsabilizarlo por las irregularidades acreditadas.
“El hecho de que una persona humana la maneje o dirija no basta para atribuirle la calidad de empleador”.
La Sala distinguió así entre la responsabilidad de la persona jurídica que organizaba y recibía la prestación y la eventual responsabilidad individual de quien ejercía funciones de dirección. Para extender la condena a este último, entendió necesario acreditar una conducta personal jurídicamente relevante.
En ese sentido, la jueza señaló que “el hecho de que una persona humana la maneje o dirija no basta para atribuirle la calidad de empleador”, descartando que el ejercicio de funciones directivas permita, por sí solo, trasladar al administrador las consecuencias de las irregularidades laborales de la sociedad o asociación.
Los límites del convenio colectivo
La sentencia también rechazó el reclamo por el adicional de antigüedad previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 133/75 “E”. La Sala entendió que la categoría de caddie no se encontraba comprendida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de ese instrumento, por lo que no correspondía reconocer el adicional reclamado con fundamento en sus disposiciones.
Por otra parte, el tribunal se pronunció sobre el régimen de actualización de los créditos laborales y declaró, para el caso, la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802, aplicando el mecanismo previsto en su artículo 54.
De esta manera, la Sala revocó la sentencia de primera instancia, condenó al Jockey Club Asociación Civil al pago de las indemnizaciones reconocidas y a la entrega de los certificados laborales, mientras que rechazó la extensión de responsabilidad al expresidente de la institución y el adicional por antigüedad reclamado con fundamento en el convenio colectivo.