01 de September de 2026
Edición 7527
Próxima Actualización: 02/09/2026
Los cuatro consejeros que representan a la abogacía solicitaron al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que convoque a una sesión plenaria para resolver el expediente disciplinario iniciado contra el juez Carlos Hugo Goggi. El planteo llega después de que la Comisión de Disciplina aprobara un dictamen que propone aplicarle una multa del 35 por ciento de sus haberes mensuales, por única vez, por su actuación en relación con la Ley de Honorarios Profesionales.
El pedido fue presentado por Jimena de la Torre, César Grau, María Fernanda Vázquez y Alberto Maques, quienes señalaron que el expediente N° 136/23 ya atravesó la etapa de producción de prueba y descargo del magistrado y que el dictamen sancionatorio se encuentra en condiciones de ser tratado por el Plenario. Según surge de la presentación, la denuncia fue ingresada el 21 de septiembre de 2023 y existen distintas interpretaciones dentro del Consejo respecto del plazo previsto por el artículo 7°, inciso 16, de la Ley 24.937.
El magistrado consideró que el sistema previsto por la norma, que vincula la regulación de los honorarios con las remuneraciones de los jueces federales, resultaba “inequitativo” y decidió no aplicarlo.
Los representantes de la abogacía sostienen que la falta de tratamiento definitivo no debería prolongarse y pidieron que el expediente sea incorporado al temario de la próxima sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria. En la presentación dirigida a Rosatti señalaron que la demora adquiere especial relevancia porque se trata del ejercicio de facultades disciplinarias sobre un magistrado en actividad y puede comprometer, según afirmaron, “la credibilidad del propio sistema de control funcional del Poder Judicial de la Nación”.
El conflicto tiene como antecedente las resoluciones dictadas por Goggi en distintas causas en las que declaró de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales. El magistrado consideró que el sistema previsto por la norma, que vincula la regulación de los honorarios con las remuneraciones de los jueces federales, resultaba “inequitativo” y decidió no aplicarlo.
La posición de Goggi fue cuestionada por el Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y dio lugar a la actuación del Consejo. Sin embargo, durante el tratamiento del expediente en la Comisión de Disciplina, el magistrado defendió el criterio adoptado en sus sentencias y planteó que se trataba de una cuestión vinculada con su función jurisdiccional.
Ese argumento también fue retomado por los representantes del estamento judicial durante la discusión de la sanción. Alberto Lugones sostuvo que se estaba avanzando sobre un juez por el contenido de sus decisiones y advirtió que podía abrirse “el comisariato judicial”, con una afectación de la independencia de los magistrados. También señaló que las resoluciones cuestionadas habían sido posteriormente revocadas por la Cámara.
Alejandra Provítola, por su parte, calificó la situación como de “gravedad institucional” y sostuvo que se estaba haciendo “una excursión de pesca” a partir de los fallos de Goggi. En ese contexto, cuestionó que el expediente fuera leído en clave de estamento y vinculó la discusión con la proximidad de las elecciones de representantes del Consejo.
“Hoy somos todos Goggi”, había resumido Provítola durante el debate en la Comisión de Disciplina.
En el nuevo pedido de tratamiento, De La Torre sostuvo que el caso “no pone en discusión la independencia de criterio de un juez”, sino que plantea “si una ley vigente puede ser dejada de lado de manera sistemática”.
Desde el sector de la abogacía, en cambio, el argumento es que la cuestión no pasa por revisar el contenido de una sentencia sino por determinar si un magistrado puede dejar de aplicar sistemáticamente una ley vigente. En el nuevo pedido de tratamiento, De La Torre sostuvo que el caso “no pone en discusión la independencia de criterio de un juez”, sino que plantea “si una ley vigente puede ser dejada de lado de manera sistemática”.
La consejera agregó que esa situación obliga a los abogados a litigar incluso para obtener el reconocimiento de honorarios que tienen naturaleza alimentaria y afirmó: “La independencia judicial no puede convertirse en una excepción al cumplimiento de la ley”.
La controversia, de este modo, mantiene dos posiciones claramente diferenciadas dentro del Consejo. Para los representantes de la abogacía, el expediente ya fue investigado, el magistrado fue escuchado y la Comisión de Disciplina adoptó una decisión que ahora debe ser sometida al Plenario. Para los representantes judiciales, en cambio, el caso plantea un problema institucional más profundo vinculado con los límites del control disciplinario sobre el contenido de las decisiones jurisdiccionales y la independencia judicial.
El nuevo pedido busca que esa discusión tenga ahora una definición del órgano en pleno. “La Comisión investigó, produjo prueba, escuchó al magistrado y tomó una decisión. Ahora corresponde que el Plenario asuma su responsabilidad y resuelva”, sostuvo De La Torre.
Los consejeros de la abogacía advirtieron además que mantener el expediente sin resolución definitiva después de haber completado su trámite puede afectar la eficacia del sistema disciplinario. “Cuando las instituciones controlan, tienen que estar dispuestas a decidir”, concluyó la consejera.
Por el momento, el dictamen sancionatorio aprobado por la Comisión de Disciplina todavía debe ser tratado por el Plenario para que exista una decisión definitiva sobre la situación disciplinaria de Goggi.