La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por César Grau, llevó a cabo una nueva sesión ordinaria para abordar denuncias y expedientes en curso, pero el punto de mayor controversia fue la decisión de citar al juez Carlos Goggi, para que justifique su decisión de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales 27.423.
Esta norma regula la remuneración de abogados y procuradores, y los fallos del juez generaron tensiones al contradecir criterios establecidos por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El debate en la Comisión reveló posiciones encontradas, ya que el consejero Alberto Lugones abogó por postergar la citación, argumentando que los jueces tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas, incluso sin pedido expreso de las partes.
Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 91, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.423, que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores en el ámbito nacional y federal. En consecuencia, en esa resolución hizo aplicable una ley anterior —la derogada Ley 21.839 y su modificatoria, la Ley 24.432— lo cual impacta directamente en cómo se calculan esos honorarios.
La citación, impulsada por la consejera Jimena de la Torre a raíz de una denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), se fundamentó en la preocupación por la actuación judicial sin solicitud de parte.
Grau, quien incluyó el tema en el temario, consideró pertinente convocar al magistrado bajo el artículo 11 del reglamento del Consejo que establece el marco legal para la remoción de magistrados, enfatizando la importancia de la legalidad y el debido proceso.
El debate en la Comisión reveló posiciones encontradas, ya que el consejero Alberto Lugones abogó por postergar la citación, argumentando que los jueces tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas, incluso sin pedido expreso de las partes.
Por su parte, de la Torre enfatizó la importancia de respetar la ley y proteger la dignidad profesional de los abogados al sostener que “la cuestión no es el contenido del fallo, sino que se dictó sin que ninguna parte lo solicitara. Esto afecta la seguridad jurídica y el respeto por una norma que garantiza la justa remuneración de los profesionales del derecho”.
“La ley debe aplicarse, y cuestionarla de oficio sin fundamento procesal es problemático”, agregó la consejera, que en diálogo con Diario Judicial expresó que el juez Goggi “no cuestiona la Ley de Honorarios Profesionales por una contradicción manifiesta con la Constitución, sino por una discrepancia ideológica con el legislador”.
“Eso excede su función. El control de constitucionalidad en la Argentina es difuso, pero la declaración de inconstitucionalidad debe ser la última ratio: solo cabe cuando no existe ninguna interpretación posible de la norma que la haga compatible con la Constitución. Aquí, el juez convierte lo excepcional en regla, declarando inconstitucional una norma cada vez que se le presenta, pese a que las Cámaras de apelación y el Ministerio Público Fiscal ya le marcaron que no hay fundamentos para hacerlo”, agregó.
“Decisiones como estas generan inseguridad jurídica y fuerzan a los profesionales a recurrir sistemáticamente para poder cobrar, con pérdida de tiempo y dinero”, sostuvo la consejera Jimena de La Torre
Para la consejera en representación de la abogacía. la Ley de Honorarios Profesionales “es la garantía legal de una justa retribución al trabajo del abogado. Sus honorarios tienen carácter alimentario. Si un juez desconoce de modo reiterado su validez sin una base constitucional concreta, genera incertidumbre sobre la forma y el valor de nuestra remuneración. Esa inseguridad desincentiva el ejercicio libre de la abogacía, obliga a litigar más de lo necesario y coloca a los profesionales en una situación de vulnerabilidad frente a sus clientes y al propio sistema”.
En declaraciones a este medio, de la Torre no circunscribió el problema a este caso puntual: “Este es un problema que afecta a los abogados de todo el país, Goggi no es la excepción”.
"Decisiones como estas generan inseguridad jurídica y fuerzan a los profesionales a recurrir sistemáticamente para poder cobrar, con pérdida de tiempo y dinero. Además, las resoluciones se sostienen en fundamentos abstractos, sin identificar una cláusula constitucional concreta vulnerada, lo que podría decirse que constituye un "activismo judicial". Aunque la Cámara ha revocado sistemáticamente sus fallos, el daño al sistema y a la previsibilidad es real" concluyó..
La votación resultó en cinco votos a favor de la citación (Grau, Hugo Galderise, Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischi), cuatro en contra (Lugones, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Luis Juez) y una abstención (Alejandra Provítola).
El fallo de la polémica
El caso que motivó la denuncia es el fallo del 16 de mayo de 2025 caratulado “González, Hernando Ariel c/ Riva, Ricardo Hernán s/ cumplimiento de contrato”. Goggi declaró inconstitucional la Ley 27.423 para el caso concreto.
El juez remarcó su decisión en la inequidad en la regulación de honorarios al sostener que hay criterios dispares para fijar honorarios de abogados y peritos, que generan una desigualdad que vulnera el derecho a una retribución justa. También cuestionó la Unidad de Medida Arancelaria, a la que calificó desproporcionada en contextos de inflación y procesos judiciales prolongados.
En la sentencia, Goggi hizo hincapié en la situación actual de crisis económica y de ”zozobra, inestabilidad y angustia", y que los abogados "estarán sujetos en una forma por demás aleatoria a lo que ocurra a partir de ese momento con la remuneración de un juez federal", algo que ha variado mucho a lo largo de los años.
"La pregunta a contestar es: ¿resulta correcto y justo supeditar el quantum regulado de los profesionales del derecho a lo que ocurra con las retribuciones de un juez federal, así, lisa y llanamente?", se cuestionó Goggi en su decisión y respondió: “La respuesta surge por sí sola y es, obviamente, negativa”.