Las entidades que representan al sector de la abogacía salieron a respaldar la citación del juez en lo civil Carlos Goggi por parte de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación. Desde el interior de la Asociación de Magistrados afirman que la decisión fue de "neto corte jurisdiccional".
El caso que motivó la denuncia fue la decisión en el expediente “González, Hernando Ariel c/ Riva, Ricardo Hernán s/ cumplimiento de contrato”. Goggi declaró inconstitucional la Ley de Honorarios Profesionales (27.423) para el caso concreto. Esta situación derivó en una denuncia y la citación del magistrado para que brinde explicaciones ante la Comisión de Disciplina, presidida por César Grau.
En un comunicado conjunto, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires remarcaron que la medida “no cuestiona el contenido de las sentencias del magistrado, ni el ejercicio de su actividad jurisdiccional, sino su reiterada conducta de insistir porfiadamente en la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 cuando ese criterio ha sido descartado en numerosas oportunidades por los tribunales superiores”.
Según señalaron, al sostener esa postura de oficio se genera “un dispendio innecesario de la actividad jurisdiccional, se dilatan los procesos y se perjudica tanto a los justiciables como a los profesionales intervinientes”. Las entidades también reafirmaron su compromiso en defender el derecho de los matriculados a percibir honorarios justos, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.
Esta nota surgió tras los duros cuestionamientos por parte de las listas que integran la Asociación de Magistrados. En este sentido, la Lista Bordó -que preside la entidad- argumentó que "todo intento de condicionamiento mediante procesos disciplinarios en función del contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho" y así adelantaron que los consejeros Diego G. Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero se pronunciarán en contra del avance del proceso disciplinario.
En esa línea, expresaron su preocupación frente a decisiones judiciales que “perforan reiteradamente los mínimos legales previstos por la normativa arancelaria”, práctica que –advirtieron– constituye un incumplimiento legal que “lesiona gravemente la dignidad profesional, compromete la seguridad jurídica y afecta el normal desenvolvimiento de la justicia”.
El documento, que lleva la firma de Ricardo Gil Lavedra (CPACF), Mariel Tschieder (FACA) y Juan Pablo Zanetta (AABA), subrayó que la abogacía defiende de manera incondicional la independencia judicial, pero aclaró que ello “no puede confundirse con la necesidad de sancionar aquellas conductas que deliberadamente entorpecen y obstaculizan la adecuada marcha de los procesos y socavan la confianza ciudadana en la administración de justicia”.
Esta nota surgió tras los duros cuestionamientos por parte las listas que integran la Asociación de Magistrados. En este sentido, la Lista Bordó -que preside la entidad- argumentó que "todo intento de condicionamiento mediante procesos disciplinarios en función del contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho" y así adelantaron que los consejeros Diego G. Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero se pronunciarán en contra del avance del proceso disciplinario.
"El control de las resoluciones jurisdiccionales, en esa línea, debe encauzarse a través de las múltiples herramientas procesales que los códigos de forma confieren a las partes para hacer revisar las decisiones de los magistrados/as", señala el comunicado.
La Lista Celeste, en línea con lo ya expresado por el consejero Alberto Lugones, afirmó que "al tratarse de un contenido estrictamente jurisdiccional, semejante requerimiento vulnera de manera clara la garantía de independencia del Poder Judicial, obligación que la propia denunciante está llamada a resguardar", y añadió: "Resulta especialmente grave que, pese a su mayor responsabilidad institucional, haya formulado una defensa endeble de intereses corporativos, en abierta contradicción con normas constitucionales y convencionales".
Asimismo, la Lista Compromiso Judicial emitió otro comunicado, mediante el cual aseguró que "las discrepancias respecto de las sentencias deben canalizarse a través de las vías procesales previstas por la ley", es decir, recursos y revisiones judiciales.
Además, propusieron -ante la Asociación de Magistrados- la creación de un padrón de denunciantes "seriales" que "conforman un importante número de denuncias que en forma reiterada y sin fundamento o fundamentos aparentes ponen en tela de juicio la labor judicial".