Se Picoggi

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura sancionó con una multa equivalente al 35 por ciento de su sueldo al juez civil Carlos Goggi, quien había declarado de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados. La resolución terminó convirtiéndose en una áspera discusión entre jueces, abogados y legisladores, con un elemento adicional que atravesó el debate: la proximidad de las elecciones para la renovación del Consejo.

La medida fue aprobada por seis votos contra tres y constituye la máxima sanción prevista por el reglamento. Votaron a favor los abogados César Grau, presidente de la comisión, y Jimena De La Torre, además de los legisladores Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez. Por la negativa se pronunciaron los jueces Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola. Diego Barroetaveña no se encontraba conectado cuando se produjo la votación.

El origen de la controversia está en las decisiones de Goggi mediante las cuales declaró inconstitucional la Ley 27.423. La norma establece un mecanismo para calcular los honorarios profesionales de los abogados vinculado con la remuneración de los jueces federales. Para el magistrado, esa regulación es "inequitativa", razón por la cual decidió no aplicarla en los casos que tuvo a su consideración.

Los pronunciamientos derivaron en una denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. De La Torre, aunque no integra la Comisión de Disciplina, venía reclamando que el Consejo aplicara una sanción al magistrado.

El juez ya había concurrido al Consejo para explicar su posición, luego de que fueran escuchados los presidentes de la Asociación de Magistrados y del Colegio de la Abogacía. La definición, además, no podía demorarse demasiado porque el expediente se encontraba próximo a vencer.

La posibilidad de postergar el tratamiento volvió a generar tensión durante la reunión. Lugones y Provítola pidieron tiempo a partir de una nota presentada en apoyo de Goggi. De La Torre se opuso y reclamó que la comisión resolviera.

El intercambio fue subiendo de tono hasta involucrar directamente la cuestión electoral.

“¿Cuánto tiempo más vamos a demorar esto?”, se quejó Juez.

Cuando Provítola intentó intervenir nuevamente, Grau llamó al orden: “No nos encimemos. De a uno. Sé que está en campaña electoral y por ahí quieren sobreactuar el tema”.

“No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”, disparó De La Torre

De La Torre tomó la palabra y volvió a defender la necesidad de sancionar al juez. Su argumento apuntó directamente al impacto económico de las decisiones de Goggi sobre los abogados. “No vi a ningún juez declarar la inconstitucionalidad de un aumento de sueldo”, disparó.

La reacción del estamento judicial fue inmediata. Lugones consideró que el Consejo estaba avanzando sobre la independencia de los magistrados a partir del contenido de una sentencia y sostuvo que el procedimiento podía transformarse en una forma de control sobre las decisiones jurisdiccionales.

Lugones denunció que se estaba abriendo “el comisariato judicial”

Afirmó que se estaba abriendo “el comisariato judicial” y recordó, además, que la Cámara había revocado las decisiones cuestionadas.

“Acá no estamos haciendo campaña. El año que viene termina mi gestión acá y no quiero irme con esta mancha”, respondió.

“No se trata de una cuestión de estamento porque hay elecciones, como usted dijo presidente, sino que, como hay elecciones, se exacerba una cierta posición para que los colegas de la abogacía puedan cobrar sus honorarios”, dijo Provítol.

Provítola siguió la misma línea y calificó la situación como de “gravedad institucional”. También cuestionó que se utilizaran distintos fallos del magistrado como fundamento de la actuación disciplinaria.

A su criterio, se estaba haciendo “una excursión de pesca”.

Pero la consejera también vinculó la discusión con el conflicto existente alrededor de los honorarios profesionales y con la próxima elección de representantes.

“No se trata de una cuestión de estamento porque hay elecciones, como usted dijo presidente, sino que, como hay elecciones, se exacerba una cierta posición para que los colegas de la abogacía puedan cobrar sus honorarios”. Y resumió su posición con una frase: “Hoy somos todos Goggi”.

Desde el sector de los abogados, Vázquez respondió poniendo el foco en la diferencia entre la situación económica de los jueces y la de los profesionales que dependen de la regulación y posterior cobro de sus honorarios.

“Quiero que traten a los abogados como corresponde”, afirmó.

“Los jueces el 31 [del mes] miran el homebanking y tienen el sueldito. Para el abogado no es así. Si no le regulan, no tiene la plata, y si tiene que ir a la Cámara, tiene que seguir esperando”.

Juez, a su turno, sostuvo que el expediente no debía continuar postergándose y cuestionó que Goggi hubiera mantenido su postura pese a las decisiones de la Cámara Civil.

“La sanción es por hacer lo que se le ocurre, por no respetar la orden jerárquica”, afirmó.

Y agregó: “Si Goggi no toma la debida nota de que la Cámara le da una orden y él sigue haciendo lo que se le ocurre, después no nos quejemos. A Goggi se le advirtió en cinco oportunidades lo que tiene que hacer y hace lo que quiere”.

Maques, que tampoco integra la comisión pero participó de la discusión, introdujo otro argumento en defensa de los abogados.

“A nadie le gusta trabajar gratis, pero peor es que le regulen indignamente el trabajo, que no lo consideren. No me meto en el bolsillo de nadie y, si me preguntan, soy partidario de que todo el mundo gane lo mejor que pueda, incluyendo por casa”.

Con las posiciones ya expuestas, Grau buscó llevar el expediente a una definición. El presidente de la comisión reconoció que se trataba de uno de los casos que mayor discusión había generado dentro del organismo.

“Este es uno de los expedientes más trabajados en la comisión, que genera mucha pasión en ambas posturas”, señaló.

La votación terminó inclinándose por la sanción. Goggi recibió una multa del 35 por ciento de su sueldo por única vez, el máximo previsto en el reglamento.

Artículo 11 para camaristas cordobeses y archivo de denuncia de Salmain

La pelea por la sanción se produjo, además, en una reunión en la que el Consejo avanzó sobre otros expedientes disciplinarios.

En uno de ellos, la comisión resolvió unificar denuncias y notificar conforme al artículo 11 del reglamento a los jueces de la Cámara Federal de Córdoba Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Ambos fueron denunciados por una secretaria por la presunta manipulación para intervenir en una causa y por hostigamiento laboral, dicha denuncia avanzó con pedidos de procesamiento por parte de dos fiscales federales, tal como informó Diario Judicial.

Galderisi había pedido postergar el tratamiento, pero Juez se opuso y planteó que desde Buenos Aires no se estaba dimensionando la “gravedad institucional” del caso en Córdoba. Según anticipó, el expediente podría terminar en la Comisión de Acusación.

También fueron desestimadas las denuncias formuladas por el juez federal de Rosario Gastón Salmain contra uno de los magistrados que intervienen en las causas que lo comprometen. Salmain se encuentra procesado penalmente, suspendido y enviado a jury.

La sanción a Goggi terminó, así, dominando una reunión que debía concentrarse en el trámite de distintos expedientes disciplinarios y que quedó atravesada por una discusión más amplia sobre los límites del control disciplinario, la independencia judicial y los honorarios profesionales, en plena antesala de la renovación del Consejo de la Magistratura.