La Cámara Federal de San Martín, Sala I, declaró erróneamente concedido un recurso de apelación presentado exclusivamente por el abogado patrocinante de un querellante, al considerar que no se habían cumplido los requisitos de representación previstos en el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación.
La decisión fue dictada en los autos “Greco, Javier Alejandro s/ legajo de apelación”, con la intervención de los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas.
“El recurso de apelación fue deducido sin contar con la firma ológrafa del querellante y sólo fue rubricado por el letrado patrocinante, quien no manifestó poseer, ni presentó el mandato especial previsto en el art. 83 del CPPN”.
El tribunal examinó las condiciones formales en las que había sido interpuesta la impugnación y advirtió que el escrito llevaba únicamente la firma del abogado Gustavo Nelson Allende. Tampoco se había acompañado un instrumento que acreditara su facultad para representar al querellante.
La cuestión no giró sobre el contenido de los agravios ni sobre los fundamentos de la resolución recurrida, sino sobre la legitimación del profesional para impulsar por sí mismo la vía recursiva.
En ese sentido, la Sala sostuvo que “el recurso de apelación fue deducido sin contar con la firma ológrafa del querellante y sólo fue rubricado por el letrado patrocinante”, circunstancia que impidió considerar satisfechos los requisitos procesales para su admisión.
“Es criterio de esta Sala que el abogado patrocinante carece de legitimación para impulsar la vía recursiva en forma autónoma y, por ende, no puede impugnar sin la presencia de los pretensos querellantes”.
Para fundamentar esa posición, los jueces remitieron a distintos antecedentes de la propia Cámara. Entre ellos mencionaron Corvo Dolcet, del 18 de abril de 2018; Brizzio, del 11 de marzo de 2019; Catanzaro, del 4 de marzo de 2022; y Díaz Goyeneche, del 13 de mayo de 2022.
También citaron el precedente Muises, de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, del 25 de noviembre de 2010.
La Cámara explicó que la intervención del abogado patrocinante no lo habilita automáticamente a ejercer la representación procesal de su cliente. Para ello, debe existir la manifestación de voluntad del querellante o un mandato especial que cumpla con las exigencias legales.
Al respecto, los magistrados señalaron que “el letrado patrocinante no presentó un mandato especial en el que se especifique la voluntad del querellante de ser representado por él en la querella contra persona o personas determinada y se describan los hechos que motivan tal decisión”.
El artículo 83 del CPPN establece las condiciones para constituirse como querellante mediante representación especial. La Cámara utilizó esa disposición como fundamento para distinguir las facultades propias del patrocinio letrado de aquellas que requieren una representación debidamente acreditada.
Finalmente, el tribunal declaró erróneamente concedido el recurso de apelación interpuesto por el abogado, sin ingresar en el tratamiento de los cuestionamientos dirigidos contra la resolución recurrida.