Le dibujó la firma al abogado

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de un hoombre acusado de supuesta estafa procesal en grado de tentativa en concurso medial con un delito de falsedad en documento privado cometido por particular.

El conflicto comenzó a raíz del impago de 309,43 euros correspondientes a los honorarios profesionales de la procuradora para defender al acusado en un litigio laboral previo. La profesional reclamó el dinero, pero el cliente presentó un escrito alegando que ya había cancelado la deuda total, incorporando una factura por 2.077,60 euros en concepto de "minuta de honorarios profesionales" que ostentaba una aparente firma digital de su letrado.

En este escenario, los magistrados españoles agregaron que el acusado "conocía la existencia de la obligación de pagar que le había indicado tanto su Abogado como la Procuradora, en el sentido en que cada profesional giraba su factura y que lo girado por el Abogado no incluía la del Procurador".

Sin embargo, la maniobra se desvaneció cuando el propio abogado prestó declaración y desmintió taxativamente la autenticidad del escrito. Frente a las quejas vertidas por la defensa sobre la falta de acreditación exacta del método de falsificación de la factura, el tribunal remarcó el principio de autoría funcional, puntualizando que "es el acusado el que aportó tal documento y es al acusado al que el documento favorece". 

En este escenario, los magistrados españoles agregaron que el acusado "conocía la existencia de la obligación de pagar que le había indicado tanto su Abogado como la Procuradora, en el sentido en que cada profesional giraba su factura y que lo girado por el Abogado no incluía la del Procurador".

El sentencia resaltó que la maniobra delictual pretendía "generar una respuesta judicial en su favor y por lo tanto en perjuicio patrimonial de la Procuradora", perjuicio que finalmente no ocurrió debido a que la profesional logró percibir la totalidad de los honorarios reclamados durante la sustanciación de la causa.