19 de Noviembre de 2026
Edición 7571 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/11/2026
Diario Judicial

Corte Supremo a los aumentos de las prepagas

La Corte tildó de inconstitucionales los artículos 267 y 269 del decreto 70/2023 y ordenó que el Estado vuelva a regular los aumentos de la medicina prepaga. Los ministros advirtieron que para ejercer facultades legislativas "no basta con ‘invocar una emergencia genérica’", sino que resulta indispensable acreditar "la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan"

(Foto de Anna Tarazevich en Pexels)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/2023 del gobierno de Javier Milei, que habían eliminado el control estatal sobre los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

El máximo tribunal ordenó que el Estado Nacional vuelva a asumir ese rol y advirtió que “no basta con ‘invocar una emergencia genérica’” como lo hizo el Ejecutivo en ese DNU, “sino que resulta necesario justificar ‘la emergencia y la necesidad urgente de las distintas medidas que se adoptan en el decreto’”.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que “los considerandos del decreto 70/23 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación; no surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”.

En sus argumentos, los jueces citaron el fallo “Cencosud”, en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.

La decisión es la primera en la que la Corte dispone la inconstitucionalidad de artículos específicos del mega DNU 70/23. Hasta ahora, los planteos que habían llegado contra todo el texto o contra algunos artículos habían sido impulsados por actores que no tenían legitimación directa.

En este caso, el tribunal confirmó “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto 70/23, sin que lo resuelto implique, ni pueda implicar en modo alguno, emitir opinión respecto de otros aspectos del decreto y su posible justificación, los que, eventualmente, serán analizados en los casos concretos que se presenten y lleguen a este Tribunal”.

También afirmó que “aunque permanece abierto el trámite establecido en la ley 26.122 —norma respecto de cuya validez no se abre juicio alguno—, ello no puede implicar sustracción al control judicial de una norma que produce efectos concretos sobre relaciones jurídicas. Tampoco puede significar la desnaturalización de los controles necesarios que hacen imprescindible la vigencia del Estado de Derecho”.

La causa fue iniciada por María Del Carmen Bobbio contra la empresa Swiss Medical, luego de sufrir un aumento del 110 por ciento en el valor de su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Según detalló, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud el incremento hubiera sido solo del 6,26 por ciento. La mujer reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU, que derogaron el artículo 5 inciso g y sustituyeron el artículo 17 de la ley 26.682, normas que imponían el control estatal sobre los valores de las cuotas de los planes prestacionales de servicios de salud.

El juez de primera instancia rechazó la acción de amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa sentencia, declaró la inconstitucionalidad de los artículos y ordenó a la empresa limitar los aumentos según el Índice de Precios al Consumidor, a la vez que ordenó al Estado reasumir las funciones que le corresponden y determinar el valor de la cuota.

Según la Cámara, el DNU dejaba “librados a los usuarios al fenómeno de la cartelización de mercado de salud” y una decisión de esa naturaleza solo podía tomarla el Congreso Nacional. Añadió que el Ejecutivo podría haber incluido la iniciativa en sesiones extraordinarias y que no estaba probada la necesidad y la urgencia.

El Estado Nacional y Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal entendió que correspondía confirmar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 y la orden de que la autoridad estatal reasuma el control fiscalizador.

En sus argumentos, los jueces citaron el fallo “Cencosud”, en el que sostuvieron que “la Constitución Nacional no deja dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales que constituyen una limitación y no una ampliación de su práctica anterior”.

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