19 de Noviembre de 2026
Edición 7571 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/11/2026
Diario Judicial

La pelota vuelve a Comodoro Py

El Máximo Tribunal revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal y ordenó que la investigación por presunto lavado de activos vinculado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino tramite en el Juzgado Federal N° 3 porteño. Los supremos advirtieron que el traslado previo a Campana configuró "una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable".

(Télam)

La adquisición de una mansión en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, junto a la compra de vehículos y caballos presuntamente vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dio origen a una prolongada disputa judicial sobre qué tribunal debía llevar adelante la investigación por lavado de activos. El expediente se inició en diciembre de 2025 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 a partir de una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, a quienes se atribuyó haber comprado el inmueble mediante la firma Real Central SRL sin contar con capacidad económica para justificar la operación.

Tras quedar radicado originalmente ante el juez federal Daniel Rafecas, el expediente atravesó un complejo derrotero de declinatorias e inhibitorias. Luego de que el magistrado porteño se declarara incompetente en favor del fuero Penal Económico -que rechazó el envío-, la defensa de Pantano y Conte acudió al Juzgado Federal de Campana para reclamar que la pesquisa tramitara en esa jurisdicción.

Pese a la oposición inicial del juez Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien subrogaba en el tribunal del fuero, tanto la Cámara Federal de San Martín como la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal -con los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, tras una intervención previa de Angela Ledesma y Javier Carbajo- terminaron asignando la competencia a Campana.

"El juez Aguinsky había afirmado el 2 de enero de este año al rechazar el envío de la causa a Campana que se pretendía sacar la causa del Juzgado que estaba a '800 metros de la AFA para llevarla a un juzgado que queda a 82 kilómetros' del epicentro procesal del expediente."

Aquella advertencia geográfica que el juez Marcelo Aguinsky formuló el 2 de enero de este año al rechazar el traslado de las actuaciones -señalando que se pretendía sacar la causa de un juzgado ubicado a "800 metros de la AFA para llevarla a un juzgado que queda a 82 kilómetros" del epicentro procesal- encontró ahora respaldo definitivo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto la resolución de Casación y ordenaron que el expediente regrese de inmediato al Juzgado Federal N° 3 de la Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas.

"La garantía del juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admite otra vía de revisión y, por ello, justifica la intervención del Tribunal para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio"

En los fundamentos de la sentencia, a la que accedió este medio, el Máximo Tribunal desarmó la tesis defensiva que pretendía anclar la competencia en el partido de Pilar por la ubicación física de la propiedad investigada. Los ministros señalaron que la hipótesis delictiva abarca la constitución y modificación de sociedades, la cesión de participaciones, la ampliación de capital y las decisiones comerciales ligadas a la compra de diversos activos, elementos que aparecen asociados territorialmente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según puntualizó el fallo, tanto la sede social de Real Central SRL como la escribanía donde se celebró la escritura pública n.° 66 del 30 de mayo de 2024 -que formalizó la venta a Central Park Drinks SRL- y los domicilios de las empresas y personas denunciadas se encuentran en territorio porteño.

Asimismo, la Corte remarcó que en la sede institucional de la calle Viamonte 1366/76 de la Capital Federal se llevaron a cabo los actos de gobierno de la AFA, la administración de sus fondos y la presunta actividad marginal que habría implicado el desvío de dinero y su ocultamiento ante organismos como ARCA y la IGJ, sumado a que la justicia federal porteña fue la que previno en la denuncia.

Con críticas al derrotero del expediente, el tribunal cerró la contienda señalando que en el trámite anterior "la garantía del juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable, que no admite otra vía de revisión y, por ello, justifica la intervención del Tribunal para evitar los excesos deformantes del trámite del litigio".



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