La demora de REPROCANN salió cara

La respuesta administrativa llegó, pero no alcanzó para evitar las consecuencias procesales. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal modificó la distribución de costas de un amparo por mora y las impuso al Estado Nacional en ambas instancias, luego de considerar que el organismo había resuelto el trámite recién después de que se iniciara la acción judicial.

El expediente “A., J. R. c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ amparo por mora” se había iniciado por la demora en resolver una solicitud vinculada con el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Según surge de la resolución, el trámite administrativo se encontraba pendiente de evaluación desde el 2 de agosto de 2024 y la acción judicial fue promovida el 11 de septiembre de 2025.

Durante la sustanciación del amparo, la Administración aprobó e inscribió el trámite. Esa circunstancia llevó al juzgado de primera instancia a declarar abstracta la cuestión, porque ya no existía una omisión administrativa que justificara mantener el proceso. Sin embargo, distribuyó las costas por su orden.

La parte actora apeló ese aspecto de la decisión. No discutió que el trámite hubiera sido finalmente resuelto, sino quién debía cargar con los gastos que había generado la necesidad de iniciar el proceso judicial.

"Aplicado el art. 68, primera parte del C.P.C.C.N., la conclusión es unívoca: en el caso, el vencido existe y está perfectamente identificado: es el Estado Nacional, que dejó transcurrir casi veintitrés meses sin resolver y que, aprobó el trámite después de ser demandado y requerido judicialmente, amén de que su informe fue tenido por no presentado, por extemporáneo", aseguró la actora al expresar agravios.

La Sala II, integrada por los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, hizo lugar al recurso y modificó la imposición de costas, poniendo el foco en la secuencia temporal. Según se desprende de la causa, el trámite administrativo llevaba pendiente más de un año cuando se promovió el amparo y la respuesta estatal se produjo una vez notificada la demanda.

Ese dato fue determinante para establecer que la conducta de la Administración había provocado la necesidad de acudir a los tribunales. La pérdida de actualidad del reclamo no borraba el motivo por el cual se había iniciado el expediente.

En ese sentido, los jueces recordaron que el régimen de costas se encuentra regido, como principio general, por el criterio objetivo de la derrota. La resolución señaló que tanto la Ley de Amparo como el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contemplan esa regla.

El tribunal destacó que “el trámite N°316092 se encontraba pendiente de evaluación desde el 02/08/2024 siendo que el acto administrativo que resolvió la petición de la parte actora fue dictado con posterioridad a que se notificara a la demandada de la promoción del presente proceso”.

La Cámara entendió que ese orden de acontecimientos justificaba apartarse de la distribución de costas por su orden dispuesta en primera instancia. No era suficiente señalar que el objeto del amparo había desaparecido: también debía considerarse por qué había sido necesario promoverlo.

La decisión se inscribe en una cuestión frecuente en los procesos contra la Administración: qué sucede con las costas cuando el organismo demandado cumple la obligación reclamada después de que se inicia el juicio.

En los amparos por mora, la respuesta administrativa sobreviniente puede dejar sin objeto la pretensión principal. Pero esa circunstancia no determina automáticamente que cada parte deba afrontar sus propios gastos. La distribución de costas exige examinar las razones que llevaron al litigio y el comportamiento de las partes durante su desarrollo.

En este caso, la Cámara consideró que la demora administrativa había obligado al interesado a promover la acción judicial. Por eso, aunque el trámite finalmente se resolvió y ya no correspondía continuar con el amparo, el Estado debía asumir las consecuencias económicas del proceso.