Panza protegida

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la condena contra una empleadora por un despido discriminatorio y desprovisto de sustento legal, tras desvincular a una trabajadora que se encontraba cursando un embarazo y con prescripción de reposo por amenaza de aborto.

El conflicto se originó cuando la dependiente, quien se desempeñaba como líder de proyectos, notificó su estado de gravidez y posteriormente comunicó que su médico tratante le había indicado treinta días de reposo.

Lejos de arbitrar los mecanismos legales de control a domicilio, la firma intimó a la empleada a entregar copias de los estudios clínicos particulares bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de trabajo, extremo que derivó en la posterior cesantía.

Al respecto, la camarista Gabriela Vázquez señaló en su voto —al que adhirió su colega Enrique Catani— que el requerimiento patronal excedió las facultades de verificación médica. "Ese precepto autoriza al empleador a verificar el estado de salud de la persona trabajadora mediante un facultativo por él designado; no lo habilita, en cambio, a exigir la entrega de los estudios médicos ni de los antecedentes clínicos en los que el profesional tratante fundó su diagnóstico", remarcando que dicha documentación se encuentra amparada por la intimidad y la confidencialidad.

De este modo, al sentencia calificó la conducta como un trato indigno e ilegal que se inscribe en la noción de violencia laboral y de género, justificando la incorporación de una reparación autónoma por daño moral.

Asimismo, la magistrada advirtió sobre la gravedad del proceder empresario en un escenario de extrema vulnerabilidad. "La empleadora no ciñó su despliegue a despedir a una trabajadora en estado de gestación, sino que puso en tela de juicio, sin sostén objetivo alguno, la autenticidad del certificado (...), desatendiendo el expreso ofrecimiento de la dependiente para el control médico domiciliario", añadió.

"Tal proceder trasuntó un trato indigno hacia una mujer atravesada por una contingencia de singular vulnerabilidad, y proyectó sus perniciosas secuelas sobre el sosiego anímico y espiritual" de la actora, "justamente en el trance en que -por prescripción médica- debía abocarse a preservar la
continuidad de su embarazo", criticaron los camaristas.

De este modo, al sentencia calificó la conducta como un trato indigno e ilegal que se inscribe en la noción de violencia laboral y de género, justificando la incorporación de una reparación autónoma por daño moral.