06 de Enero de 2026
Edición 7369 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 07/01/2026

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Un juez español advirtió sobre los riesgos que las redes sociales y las dinámicas digitales representan para las campañas electorales y la integridad del proceso democrático. Lo señaló en su discurso de ingreso a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España,

(IA Meta)
Por:
Santiago
Rubin
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El magistrado del Tribunal Constitucional de España, Enrique Arnaldo Alcubilla, pronunció un discurso de ingreso como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en el que puso en primer plano la influencia creciente del “poder digital” sobre las campañas electorales y los sistemas democráticos contemporáneos. 

Alcubilla, letrado de las Cortes y catedrático de Derecho Constitucional, situó el fenómeno digital en el centro del debate sobre la calidad de los procesos electorales, señalando que su impacto supera las capacidades de control tradicionales del derecho constitucional y electoral. 

Durante su exposición, titulada en torno al principio de estabilidad electoral, evaluó cómo las redes sociales y las plataformas digitales han transformado la naturaleza de las campañas políticas. Según su planteo, el concepto tradicional de campaña electoral (limitado a periodos, medios y formatos concretos) ha sido reemplazado por un flujo permanente de comunicación política en espacios digitales no regulados. 

“Ha saltado por los aires en la era digital el concepto tradicional de campaña electoral”, sostuvo en su alocución. 

Este cambio estructural, afirmó, coloca al legislador electoral en una situación de reacción tardía, incapaz de adaptar rápidamente las normas a las dinámicas globales de la red, lo cual crea zonas grises que pueden ser explotadas para influir en la percepción pública de las opciones políticas. 

 

A diferencia de episodios puntuales o aislados, la difusión de información falsa, o de contenido ambiguo sin verificación, se ha convertido, en su criterio, en un factor que puede distorsionar la formación de la voluntad del elector y, por ende, poner en riesgo la integridad de procesos electorales. 

 

Un elemento central de la argumentación de Alcubilla fue la desinformación que circula a través de las redes sociales, considerada por él como un fenómeno estructural y persistente. A diferencia de episodios puntuales o aislados, la difusión de información falsa, o de contenido ambiguo sin verificación, se ha convertido, en su criterio, en un factor que puede distorsionar la formación de la voluntad del elector y, por ende, poner en riesgo la integridad de procesos electorales. 

En este sentido, el catedrático advirtió que dicha manipulación informativa no solo actúa a nivel doméstico, sino que puede incluir injerencias externas con intereses geopolíticos, lo que añade una dimensión internacional al desafío de proteger la calidad de la democracia frente a esfuerzos coordinados o automatizados de desinformación. 

 

“Estamos descubriendo, incluso en las democracias más veneradas, en tiempo real lo fácil que es desmantelar los controles y equilibrios democráticos”

 

Más allá de la mera mecánica del voto, el magistrado elevó la discusión hacia cómo se forma la voluntad del votante. Para Arnaldo, no basta con garantizar la libertad de votar, sino que es esencial asegurar que la voluntad se conforma en un entorno informativo libre de manipulación deliberada, sin presiones ni condicionamientos digitales que puedan alterar la razón de elección ciudadana. 

Este enfoque implica un giro desde los instrumentos clásicos del derecho electoral, que tradicionalmente se enfocan en la administración del acto de votar, hacia una mayor atención a la calidad del ecosistema informativo en el que los electores se desenvuelven. 

 

 Plantea que la protección de la democracia no solo pasa por asegurar el derecho al voto, sino también por garantizar que la formación de la voluntad política se produzca en un entorno de información transparente y verificable, frente a las presiones y sesgos introducidos por el poder digital. 

 

“Estamos descubriendo, incluso en las democracias más veneradas, en tiempo real lo fácil que es desmantelar los controles y equilibrios democráticos”. aseveró Alcubilla.

En suma, el discurso del magistrado plantea que la protección de la democracia no solo pasa por asegurar el derecho al voto, sino también por garantizar que la formación de la voluntad política se produzca en un entorno de información transparente y verificable, frente a las presiones y sesgos introducidos por el poder digital. 


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