Un proyecto de Código de Ética para magistrados del Poder Judicial de la Nación fue presentado ante el Consejo de la Magistratura Nacional con la firma de la consejera Jimena de la Torre y de los representantes de la FACA, CPACF y CACBA.
La iniciativa busca establecer “los principios fundamentales que deben guiar la conducta y el desempeño de quienes integran el Poder Judicial de la Nación” para “garantizar un servicio de justicia que inspire confianza en la sociedad, mediante la promoción de valores como la independencia, imparcialidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, diligencia, igualdad, decoro y respeto”.
Así se desprende del preámbulo del proyecto que incorpora 46 artículos y lleva la firma de la consejera Jimena de la Torre, así como del presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, la titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Mariel Margarita Tschieder, y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestri.
Los representantes firmantes y acompañantes de la iniciativa, coincidieron en la necesidad de recuperar la confianza en la conducta de los jueces, de fijar limites y estándares a seguir, siendo una propuesta que se trabajó durante mucho tiempo.
Los representantes firmantes y acompañantes de la iniciativa coincidieron en la necesidad de recuperar la confianza en la conducta de los jueces, de fijar limites y estándares a seguir, siendo una propuesta que se trabajó durante mucho tiempo.
Un tercer título incorpora regulación en torno a la ética digital y la tecnología, como la protección de datos y privacidad, y la transparencia en el uso de tecnologías, especialmente importante frente al auge de la inteligencia artificial generativa.
El proyecto incorpora un primer título sobre principios fundamentales, donde se regula desde la relación con otros poderes, abogados, auxiliares de justicia y la sociedad, hasta el uso de redes sociales y la interacción con los medios de comunicación.
Un segundo título incorpora normativa sobre el ejercicio responsable de la función judicial, en torno a la confidencialidad, la formación continua y la participación en eventos.
Un tercer título incorpora regulación en torno a la ética digital y la tecnología, como la protección de datos y privacidad, y la transparencia en el uso de tecnologías, especialmente importante frente al auge de la inteligencia artificial generativa.
También se crea un comité asesor de ética judicial (título cuarto), se anexa pautas sobre la capacitación y promoción de la ética (quinto) y disposiciones finales (sexto).
Del proyecto, a su vez, se remitió copia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.