El Poder Ejecutivo dispuso una profunda reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El Gobierno justificó el dictado del DNU en la necesidad de actuar con urgencia ante amenazas internas y externas, señalando que la falta de coordinación e intercambio de información incrementa los riesgos para la seguridad estratégica del país. También invocó la experiencia derivada de los atentados terroristas sufridos en el pasado y la evolución del crimen organizado y del terrorismo internacional.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado en la órbita de la Jefatura de Gabinete, separado funcionalmente de las tareas de ciberinteligencia. En ese marco, la actual Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) pasará a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), mientras que las funciones operativas de ciberseguridad quedarán a cargo del nuevo CNC.
Asimismo, el decreto dispone la reconversión de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), orientando su accionar a la detección y análisis preventivo de amenazas estratégicas como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera, con el objetivo de evitar superposiciones con el recientemente creado Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
"En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, añade el decreto en uno de sus puntos centrales.
En línea con este proceso, la División de Asuntos Internos (DAI) será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que Otro punto central del decreto es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, por considerar que existía una superposición de funciones con la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, generando una estructura sobredimensionada y poco eficiente.
Pero el texto también establece que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
"En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, añade el decreto en uno de sus puntos centrales.
Por último, redefinió las actividades incluidas tales como “evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales o de la población en general”.