El reclamo de un mozo de salón que trabajó durante más de una década en el restaurante del Centro Naval y accionó judicialmente en 2014 tras considerarse despedido derivó en un pronunciamiento de impacto directo sobre las liquidaciones laborales en trámite.
Al resolver parcialmente a favor del actor en autos “Albarado, Santos Fernando c/ Asociación Civil Mutualista Centro Naval s/ despido” por rubros adeudados vinculados al aguinaldo y la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 59 analizó el alcance de la nueva Ley 27.802 sobre los procesos pendientes de sentencia definitiva.
Si bien la legislación restableció la actualización de los créditos laborales mediante el Índice de Precios al Consumidor más una tasa anual del tres por ciento al modificar el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, su artículo 55 estableció una excepción para los juicios en curso. En particular, su inciso c fija para determinados créditos un piso equivalente al 67 por ciento del cálculo previsto en el inciso b, lo que se traduce en una reducción potencial de un tercio del monto actualizado.
"En el caso de autos por el contrario el legislador trata de imponer a un colectivo de trabajadores (los que hubieran judicializado su reclamo) una quita lisa, llana y generalizada del 33%, lo que constituye en definitiva un agravio directo del derecho de propiedad del actor"
Según el fallo al que accedió este medio, el juez Carlos Javier Nagata ejerció el control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio y declaró inválida la aplicación de ese recorte para el caso concreto. El magistrado sostuvo que diferenciar entre quienes obtienen el reconocimiento de sus acreencias por otras vías y quienes acuden a la justicia carece de razonabilidad y vulnera el principio de igualdad, pues castiga precisamente a los trabajadores que más sufrieron la depreciación monetaria tras años de litigio.
En su fundamentación, el juez descartó que la doctrina de la Corte Suprema en el precedente "Vizzoti" pueda invocarse para avalar esta detracción. Explicó que mientras en aquel fallo el Máximo Tribunal fijó un límite máximo del 33 por ciento para los topes indemnizatorios aplicables a los salarios más altos, "en el caso de autos por el contrario el legislador trata de imponer a un colectivo de trabajadores (los que hubieran judicializado su reclamo) una quita lisa, llana y generalizada del 33%, lo que constituye en definitiva un agravio directo del derecho de propiedad del actor".
En paralelo, la sentencia desestimó la indemnización por despido indirecto y zanjó una disputa sobre el encuadramiento colectivo al aplicar el Convenio Colectivo 496/07 de UTEDYC en lugar del régimen gastronómico 389/04. Con apoyo en el Plenario 36 de la Cámara del Trabajo ("Risso c/ Química La Estrella"), Nagata recordó que rige la actividad principal del empleador -en este caso una asociación mutualista- y no el oficio específico del empleado.
El pronunciamiento abre una divergencia interpretativa relevante sobre la nueva ley laboral, luego de que en octubre pasado la Suprema Corte bonaerense avalara la aplicación del artículo 55 en el precedente "Fernández c/ Ozuna".
Al ordenar que la liquidación en ningún caso resulte inferior al parámetro del inciso b sin recortes, el juzgado porteño concluyó que interpretar lo opuesto implicaría autorizar al Congreso "a privarle a quien le plazca y con toda prescindencia del principio de razonabilidad una quita o detracción del 33% de su patrimonio, lo que resulta constitucional y convencionalmente inadmisible".