El Senado de la Nación sancionó este jueves por unanimidad el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, que establece un régimen permanente en reemplazo del esquema de emergencia.
La norma, aprobada con 71 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, apunta a consolidar derechos, asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar financiamiento y promover la inclusión laboral.
La norma establece expresamente la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley busca superar las dificultades que enfrenta el sector y fortalecer de forma duradera la previsibilidad, la transparencia y la eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Reafirma los derechos reconocidos por la legislación vigente y asegura la continuidad de las prestaciones previstas en la Ley 24.901.
Uno de los capítulos centrales actualiza el régimen de pensiones no contributivas por discapacidad: incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios, fija criterios más precisos de acceso (residencia, ingresos y evaluaciones socioeconómicas) y dispone que las pensiones equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con actualización automática vinculada a la normativa previsional.
La norma establece expresamente la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia presupuestaria, obliga a que las futuras leyes de presupuesto contemplen recursos suficientes y determina que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior. Faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones cuando los recursos resulten insuficientes.
También garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
La legislación fortalece la articulación entre el Estado nacional y las provincias mediante coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Incorpora obligaciones de capacitación para el personal de instituciones y prestadores del sistema, establece auditorías periódicas sobre las pensiones y la obligación de publicar información sobre ejecución presupuestaria, aranceles y cantidad de beneficiarios en formatos abiertos.
Finalmente, dispone que el Poder Ejecutivo publique un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores.