El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por mayoría, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad de Banco Hipotecario S.A. y revocó la sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el expediente "Souto, María Laura c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido".
La causa había comenzado por el reclamo indemnizatorio de una trabajadora que ingresó al banco en marzo de 2005 a través de Aegis Argentina S.A. —continuadora de Actionline de Argentina S.A.—, fue registrada por su empleadora real en noviembre de 2006 y se consideró despedida en marzo de 2017.
La Cámara Laboral había confirmado la condena solidaria, declarado la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar prevista en las Leyes 23928 y 25561 y dispuesto actualizar el crédito mediante el IPC del INDEC más un interés puro del 3% anual, con una alternativa atada al índice RIPTE más un 7% anual si aquella resultaba perjudicial para la apelante. Todo cambió cuando, en pleno trámite de la queja, entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral (27802), en marzo pasado.
Para los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, el planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27802 —impulsado por la actora— no prosperó porque la invalidez de una norma "es, por su suma gravedad institucional, la ultima ratio del orden jurídico, reservada solamente para los casos en que la contradicción entre la norma y la Constitución es manifiesta e inconciliable".
En esa línea, sostuvieron que "una de las funciones más delicadas del Poder Judicial es saber mantenerse dentro de su competencia, sin invadir las facultades correspondientes a los otros Poderes".
El voto conjunto de De Langhe y Otamendi consideró que el régimen transitorio del artículo 55 —que parte de la tasa pasiva del BCRA, fija un tope del IPC del INDEC más un 3% anual y establece un piso del 67% de ese cálculo— no vulnera la igualdad ni el derecho de propiedad, y encuadra en la doctrina de no confiscatoriedad del precedente "Vizzoti" y en la pauta reciente de la Corte Suprema en "Cabana Opanasiuk".
La postura opuesta quedó plasmada en la disidencia de los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz, quienes votaron por declarar inconstitucional el artículo 55 y aplicar en su lugar la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central.
En la misma sintonía mayoritaria, la jueza Inés M. Weinberg coincidió en aplicar el artículo 55 para las causas en trámite pendientes de sentencia definitiva o recurso de queja. Weinberg subrayó que "el control judicial no consiste en determinar si el legislador escogió la solución más conveniente entre todas las posibles, sino en verificar si la diferenciación establecida resulta arbitraria o irrazonable a la luz de lo planteado por las partes en cada caso concreto". Además, sostuvo que el piso legal resguarda la integridad del crédito sin que la actora haya demostrado un perjuicio concreto suficiente en el caso.
La postura opuesta quedó plasmada en la disidencia de los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia E. C. Ruiz, quienes votaron por declarar inconstitucional el artículo 55 y aplicar en su lugar la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central. Para ambos magistrados, la norma discrimina a los trabajadores con juicios en trámite frente a otros acreedores y recorta intereses ya devengados, por lo que advirtieron que "dicha reparación integral no se logra si el resarcimiento que se admite como modo de reparar los daños ocasionados se concreta en valores económicos insignificantes en relación con la entidad del daño que pretende resarcirse".
En su cálculo sobre el período entre el distracto del 2 de marzo de 2017 y el 31 de agosto de 2026, Lozano y Ruiz señalaron que mientras el CER subió un 11.746,20% y el IPC un 11.980,96%, la tasa pasiva del BCRA arrojó un 5.930,88% frente al 12.186,65% de la TIM. Con el voto mayoritario, en cambio, el Tribunal porteño dispuso revocar la decisión de la Cámara laboral y ordenar que los accesorios del crédito se liquiden conforme al artículo 55 de la Ley 27802, con costas por su orden.