La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por razones formales el último recurso presentado por la defensa de María Eugenia Barayazarra y dejó así firme la condena a 18 años de prisión que le había impuesto el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
La mujer había sido hallada responsable como partícipe necesaria, por comisión por omisión, de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, ambos agravados por la convivencia preexistente, cometidos por su pareja contra su hija menor de edad entre 2004 y 2015.
Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar de la localidad de Cabildo, en el partido de Bahía Blanca, donde convivían la víctima, su madre y el agresor. Suárez fue condenado a 23 años de prisión en 2017 y falleció mientras se encontraba detenido, en 2020.
El caso se originó a partir de la denuncia de la joven, quien relató que su padrastro —el expolicía Justo Oscar Suárez— la abusó por vía vaginal y anal desde que tenía ocho años hasta que cumplió los 18 o 19.
Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar de la localidad de Cabildo, en el partido de Bahía Blanca, donde convivían la víctima, su madre y el agresor. Suárez fue condenado a 23 años de prisión en 2017 y falleció mientras se encontraba detenido, en 2020.
Durante ese juicio, la fiscalía solicitó que se investigara también a la madre sobre la base de los testimonios oídos en el debate. Según la querella, Barayazarra nunca denunció los delitos porque sostenía que “su hija estaba loca”.
La niña le había contado lo que sufría en tres oportunidades. En el juicio oral celebrado en 2022, la acusada admitió que le creyó y que advirtió que su pareja se encontraba en la cama de la menor. El tribunal valoró, además, declaraciones de otros familiares, de una empleada doméstica, del exesposo de la víctima y de profesionales que intervinieron en la causa.
Con esos elementos, condenó a Barayazarra como partícipe necesaria por omisión de los dos delitos mencionados, en concurso real y con el agravante de la convivencia preexistente.
En 2023, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró admisible el recurso de la defensa, pero lo rechazó al considerar acreditado que la mujer conocía los abusos.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó el planteo. La defensa intentó entonces llegar en queja ante la Corte Suprema de la Nación, cuestionando una supuesta valoración arbitraria de la prueba y la falta de perspectiva de género en el proceso.
El máximo tribunal nacional desestimó la presentación por incumplimiento de los requisitos formales exigidos, sin ingresar al fondo del asunto.
Con esa decisión quedó cerrada la vía judicial y firme la pena de 18 años.
En una entrevista publicada en 2024 por el diario La Nueva, la víctima había relatado que se escapó de la casa una madrugada junto a su hijo de dos años, ante las amenazas de su padrastro y el temor de que sus hermanos atravesaran una situación similar. También señaló que necesitaba una resolución definitiva para poder cerrar esa etapa de su vida.