La inclusión no puede esperar un trámite

La Corte Suprema hizo lugar al planteo de una mujer que reclamó, en representación de su hija con discapacidad, que se garantizara su derecho a una educación inclusiva y así dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo por considerar que existía un trámite administrativo en curso. 

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti -este último en voto concurrente- entendieron que se incurrió en un exceso ritual manifiesto al privilegiar cuestiones formales por sobre los derechos de la adolescente, que llevaba meses sin escolarización efectiva.

La causa se inició cuando la madre promovió una acción de amparo contra el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE). Solicitó el cese de la conducta que consideraba lesiva y la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que garantizara la trayectoria educativa completa de su hija.

En primera instancia, el juez hizo lugar al reclamo y ordenó al organismo provincial elaborar el proyecto en un plazo de veinte días. Consideró que las alternativas ofrecidas por las autoridades educativas no constituían una propuesta planificada de acuerdo con las necesidades particulares de la adolescente.

Entre esas opciones figuraban el cambio de trayectoria hacia una escuela de educación especial o la posibilidad de cursar únicamente cuatro espacios curriculares: Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, con acompañamiento docente.

Sin embargo, el Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión. La mayoría, integrada por los jueces Mizawak, Carubia y Carlomagno, entendió que el amparo resultaba inadmisible porque existía un procedimiento administrativo previo y que la madre había optado por abandonar esa vía.

La mujer llegó entonces a la Corte Suprema, que cuestionó el razonamiento del tribunal provincial. Para los ministros, la existencia de un expediente administrativo no alcanzaba para descartar automáticamente el amparo: era necesario analizar si esa instancia realmente podía ofrecer una solución efectiva.

En ese sentido, la sentencia destacó que el procedimiento administrativo había sido iniciado por las propias autoridades educativas y que ya estaba concluido. Incluso, en una comunicación dirigida a la Defensora Pública, la Supervisión de Educación Especial había sostenido que se habían realizado "todas las intervenciones presentando a su tutora las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala".

Para Rosatti y Rosenkrantz, esa circunstancia demostraba que el trámite ya no constituía un canal idóneo para resolver el conflicto. "Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción", sostuvieron los supremos.

Los ministros también remarcaron que la sentencia provincial no había explicado cuáles eran las otras vías judiciales efectivas para proteger los derechos invocados y concluyeron que se había vulnerado la tutela judicial efectiva.

Por su parte, Lorenzetti profundizó el análisis sobre el carácter operativo del derecho a la educación y la obligación de garantizar su cumplimiento efectivo: "La claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración".

"El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto", señalaron, y recordaron que el artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a interponer una acción expedita y rápida de amparo cuando no exista otro medio judicial más idóneo.

Por su parte, Lorenzetti profundizó el análisis sobre el carácter operativo del derecho a la educación y la obligación de garantizar su cumplimiento efectivo: "La claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración".

El magistrado también advirtió que una interpretación que impida la aplicación efectiva de un derecho fundamental "no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada".

En su voto, Lorenzetti agregó que el expediente administrativo no había sido iniciado por la madre, no tenía carácter contencioso y estaba concluido, al tiempo que cuestionó la falta de utilidad de exigir la continuidad de un trámite en el que las propias autoridades ya habían dejado asentado que habían presentado todas las alternativas educativas disponibles.