18 de Noviembre de 2026
Edición 7570 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 19/11/2026
Diario Judicial

Abogadas sin domicilio y sin nulidad

La justicia en lo contencioso administrativo federal desestimó un pedido de nulidad planteado por abogadas del Consejo de la Magistratura, quienes alegaron no haber podido darse de alta en el sistema informático por tener sus matrículas suspendidas por incompatibilidad. El juez Esteban Furnari rechazó el planteo por extemporáneo y advirtió que "el derecho de defensa no ampara la negligencia de las partes"

(IA)

La imposibilidad de dos letradas de vincularse al expediente electrónico por tener sus matrículas profesionales en suspenso por incompatibilidad desencadenó un incidente de nulidad que terminó rechazado en la justicia federal. El planteo ocurrió en el marco de la causa "Díaz Lannes, Carlos Felipe c/ EN - Consejo de la Magistratura de la Nación - Concurso 480 s/ Amparo Ley 16.986", donde la representación del organismo pidió anular la notificación de un traslado cursado por cédula electrónica el 24 de agosto de 2026.

Según explicó la propia demandada al articular su reclamo, las abogadas que se presentaron en el juicio no habían logrado quedar vinculadas al trámite digital porque no figuraban sus domicilios electrónicos registrados en el Sistema de Administración de Usuarios (SAU). Esa ausencia en el padrón informático se debía a que ambas abogadas tenían sus matrículas suspendidas por incompatibilidad, situación que restringía su vinculación exclusivamente a través de su número de CUIL.

"El derecho de defensa no ampara la negligencia de las partes: Quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable"

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 2, Esteban C. Furnari, desestimó el planteo anulatorio con costas al considerar que esa aclaración sobre las matrículas incompatibles había llegado tarde al expediente. El magistrado señaló que esa circunstancia técnica debió haber sido denunciada al presentarse por primera vez en el juicio o, a todo evento, al responder el despacho de agosto. Con cita de doctrina de la Corte Suprema, enfatizó que "el derecho de defensa no ampara la negligencia de las partes: Quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable".

Más allá de la demora en informar el estado de las matrículas, el juez descartó que existiera un cuadro real de indefensión que justificara declarar la nulidad por la nulidad misma. En ese sentido, verificó que la cédula electrónica había sido válidamente notificada al doctor Nicolás Daniel Vergara, quien desde su presentación inicial había invocado facultades para vincular al Consejo de la Magistratura, dejando resguardado el derecho de audiencia del organismo en un proceso donde el patrocinio letrado resultaba facultativo.

El magistrado recordó además que el artículo 16 de la Ley 16.986 prohíbe este tipo de incidencias en la acción de amparo porque atentan contra la urgencia propia del proceso, y rechazó un planteo subsidiario por entender que buscaba eludir los efectos de la preclusión procesal. De este modo, ordenó reanudar el pase de las actuaciones para dictar sentencia.



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