La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó parcialmente una sentencia dictada en un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente ocurrido durante el transporte público de pasajeros. El tribunal revisó los montos reconocidos por incapacidad física y daño moral, rechazó el reclamo por incapacidad psicológica y modificó el régimen de intereses aplicable a la condena.
El hecho que dio origen a los autos “Marinari, Verónica Paula c/ Empresa Línea 216 S.A.T. Línea 166 y otros s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito)”,ocurrió el 8 de mayo de 2012 y dio lugar a un reclamo indemnizatorio por las lesiones sufridas por la pasajera. Al revisar la sentencia de primera instancia, la Sala examinó la prueba producida, particularmente los informes periciales médicos, y modificó la cuantificación de distintos rubros.
En concepto de incapacidad física, estableció una indemnización de $3.500.000. También reconoció $10.000 por gastos médicos, farmacia y traslados, y $1.750.000 por daño moral. En cambio, rechazó el reclamo por incapacidad psicológica al considerar que no contaba con respaldo suficiente en la prueba pericial.
“El porcentual de incapacidad determinado pericialmente es un valor meramente indicativo y no matemáticamente determinante”.
La Sala explicó que la evaluación de la incapacidad constituye una referencia técnica para establecer la entidad de las secuelas, pero no sustituye la valoración judicial de las consecuencias patrimoniales del daño.
Al analizar el alcance de la prueba médica, el tribunal sostuvo que “el porcentual de incapacidad determinado pericialmente es un valor meramente indicativo y no matemáticamente determinante”. De este modo, distinguió entre la determinación técnica de las secuelas y la cuantificación económica de la reparación.
La Cámara también examinó el reclamo por incapacidad psicológica y concluyó que no se habían acreditado elementos suficientes para reconocer ese rubro indemnizatorio.
“El criterio que sostiene sobre el tema a estudio no es estático”.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la determinación de los intereses aplicables a la indemnización. La Sala modificó el criterio utilizado en primera instancia y estableció dos períodos diferenciados: un interés del 8% anual desde la fecha del accidente hasta la sentencia de primera instancia y, desde ese momento hasta el efectivo pago, la tasa activa del Banco Nación.
Al fundamentar la solución, los jueces señalaron que la determinación de los intereses no puede analizarse de manera aislada respecto del capital reconocido. La evaluación debe contemplar el resultado económico global de la condena, atendiendo a la fecha del hecho, el momento de cuantificación del daño y la evolución de los valores involucrados.
En esa línea, la Sala recordó que “el criterio que sostiene sobre el tema a estudio no es estático”, en referencia a la necesidad de considerar las particularidades de cada caso al establecer el régimen de intereses.
La Cámara recurrió así a un esquema diferenciado para evitar que la aplicación de intereses genere una licuación del crédito indemnizatorio o, en sentido contrario, una reparación que exceda las consecuencias económicas del daño reconocido.
Para resolver la cuestión, también tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales desarrollados en materia de responsabilidad civil, entre ellos los precedentes Valdez, Samudio de Martínez y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Barrientos”, del 15 de octubre de 2024. El fallo fue suscripto por los magistrados Lorena Fernanda Maggio y Osvaldo Felipe Pitrau.