El que no paga, no viaja ni hace trámites

En la causa "Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros c/ EN - CNRT s/ proceso de conocimiento", la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y rechazó la demanda promovida por la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El expediente se originó cuando la CELADI cuestionó los artículos de la resolución de la CNRT y el decreto reglamentario que imponen la obligación de acreditar que los operadores no registran deudas exigibles por infracciones. 

La cámara argumentó que esto afectaba la ecuación económica financiera de las empresas y constituía "una sanción accesoria no prevista en la ley". Si bien en las instancias anteriores se había hecho lugar parcialmente al reclamo y declarado la inconstitucionalidad de la medida por considerarla una restricción indebida al derecho de petición, la Corte Suprema dio vuelta el escenario.

En este marco, el juez Horacio Rosatti, quien conformó la mayoría junto con los conjueces Juan Pablo Salas y Alejandro Tazza, subrayó que la asociación pretendía ejercer la defensa de derechos subjetivos ajenos sin cumplir con los recaudos legales, remarcando que "en este proceso la entidad actora -con sustento en su estatuto- pretende ejercer la defensa de derechos puramente individuales de las empresas que nuclea" pero "la legitimación procesal activa corresponde, por principio, a cada una de las empresas que –eventualmente- se consideren afectadas por la normativa que se impugna".

En la misma sintonía, el juez Carlos Rosenkrantz enfatizó que los argumentos de la cámara carecían de sustento probatorio al sostener que "las afirmaciones realizadas en el marco de la medida cautelar son puramente dogmáticas y no traspasan el umbral de la mera conjetura", ya que "no existe prueba que demuestre que las empresas a las que pretende representar la actora se encuentren impedidas de litigar por sí".

Asimismo, descartaron que se tratara de una acción colectiva admisible bajo los parámetros del precedente "Halabi", señalando que las empresas perfectamente pueden litigar por sí mismas.

En la misma sintonía, el juez Carlos Rosenkrantz enfatizó que los argumentos de la cámara carecían de sustento probatorio al sostener que "las afirmaciones realizadas en el marco de la medida cautelar son puramente dogmáticas y no traspasan el umbral de la mera conjetura", ya que "no existe prueba que demuestre que las empresas a las que pretende representar la actora se encuentren impedidas de litigar por sí".

Por su parte, el ministro Ricardo Lorenzetti no solo coincidió en la falta de legitimación, sino que profundizó en la validez sustancial de las normas cuestionadas al analizar las competencias del poder administrador. Al respecto, el supremo sostuvo que "en el caso bajo examen, de la reseña efectuada en los considerandos precedentes se desprende que las normas impugnadas fueron dictadas por el poder administrador en el ámbito de sus competencias y su contenido armoniza con el texto de las normas de rango superior, no contraría su espíritu ni su finalidad".