13 de November de 2026
Edición 7567
Próxima Actualización: 16/11/2026
El conflicto llegó al Máximo Tribunal de la mano de un policía retirado de la Provincia de Río Negro que reclamaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la incorporación formal del coeficiente por zona austral creado por la ley 19.485 a su haber de retiro.
En el caso, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca rechazó la acción de amparo y fundó su decisión en que ese beneficio no podía acumularse en su totalidad con el adicional por "zona desfavorable" -otorgado al personal policial rionegrino en actividad- al entender que el sentido y finalidad de ambos adicionales guardaban sustancial analogía.
Al analizar el recurso extraordinario, los ministros advirtieron que la alzada realizó una "indebida interpretación restrictiva" de la bonificación nacional al asimilarla con el complemento salarial que percibía el agente.
En este sentido, la Corte precisó que el ítem "zona desfavorable" que cobraba el exagente en su etapa activa integraba su salario en un 40% y estuvo estrictamente sujeto a aportes previsionales, una pisada técnico-legal que —según la sentencia— "no han sido adecuadamente ponderadas por la alzada".
La sentencia, por último, recordó que la compatibilidad entre ambos rubros ya había sido admitida formalmente por la propia demandada mediante dictámenes de su Gerencia de Asuntos Jurídicos, avalados a su vez por el Ministerio de Trabajo y plasmados dentro del manual de procedimientos de la ANSES.
Los magistrados marcaron la línea divisoria entre ambos conceptos: por un lado, la bonificación de la ley 19.485 "está supeditada solamente a la residencia en las zonas allí determinadas" sin importar el régimen de origen; por el otro, el plus policial constituye un suplemento general histórico sobre el cual el efectivo continuó aportando un 13% incluso en su etapa pasiva.
De este modo, los jueces enfatizaron que "no existe una doble percepción de beneficios con una misma causa, pues estos no poseen igual naturaleza jurídica".
La sentencia, por último, recordó que la compatibilidad entre ambos rubros ya había sido admitida formalmente por la propia demandada mediante dictámenes de su Gerencia de Asuntos Jurídicos, avalados a su vez por el Ministerio de Trabajo y plasmados dentro del manual de procedimientos de la ANSES.