Una trabajadora embarazada que realizaba tareas de limpieza en un paso fronterizo de la Circunscripción de Los Lagos deberá recibir una indemnización agravada por haber sido despedida durante el período de protección por maternidad. La Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Laboral, Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial de Neuquén, modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y consideró que la empleadora, que conocía el estado de gravidez, no logró demostrar una causa suficiente para justificar la desvinculación.
El conflicto comenzó en septiembre de 2022, cuando la trabajadora debía reincorporarse a sus tareas después de sus vacaciones. En ese momento cursaba un embarazo de 25 semanas y se encontraba en Misiones. Según relató, un desperfecto mecánico en su vehículo le impedía regresar a tiempo, situación que comunicó a su empleador mediante un mensaje de WhatsApp.
La empresa la intimó a retomar sus tareas en un plazo de 24 horas y a justificar sus inasistencias. Días después, al no producirse la reincorporación, decidió extinguir el vínculo laboral por abandono de trabajo, en los términos del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
La trabajadora cuestionó la decisión y sostuvo que nunca había tenido intención de abandonar su empleo, sino que había informado los motivos que le impedían regresar. También reclamó las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa y la reparación agravada por encontrarse embarazada.
En primera instancia, el juez Luciano Zani consideró que la desvinculación había sido injustificada. Si bien reconoció que las ausencias podían haber generado inconvenientes para la empleadora, entendió que la decisión de despedirla no había sido adecuada ni proporcionada.
“La conducta de la trabajadora pudo generar ciertos perjuicios a su empleador”, señaló el magistrado, aunque aclaró que eso no justificaba la sanción máxima.
Para Zani, la empresa había confundido las inasistencias con el abandono de trabajo, ya que no se había demostrado una voluntad inequívoca de la dependiente de extinguir la relación laboral. En ese sentido, sostuvo que la empleadora se había extralimitado en el ejercicio de sus facultades disciplinarias.
Sin embargo, el juez rechazó el pedido de indemnización agravada por embarazo. Consideró que, aunque el despido había sido injustificado, la empresa había acreditado que su decisión estuvo motivada por las ausencias y no por el estado de gestación.
Para los camaristas, la empresa no consiguió acreditar “una causa objetiva, concreta y suficiente” que justificara la desvinculación y permitiera desvirtuar la presunción legal.
En este marco, los jueces Pablo Furlotti y Manuel Castañón López modificaron ese aspecto de la sentencia y ordenaron reconocer también la indemnización especial prevista en los artículos 178 y 182 de la LCT. El punto central fue el conocimiento que tenía la empleadora sobre el embarazo de la trabajadora, ya que la empresa estaba al tanto de su estado de gravidez cuando decidió despedirla.
Para los camaristas, la empresa no consiguió acreditar “una causa objetiva, concreta y suficiente” que justificara la desvinculación y permitiera desvirtuar la presunción legal. "Es decir, la demandada sabía que la actora se encontraba embarazada y, ante una situación que no ameritaba ser considerada como causal de despido, decidió igualmente disponer su desvinculación", concluyó la sentencia.