12 de November de 2026
Edición 7566
Próxima Actualización: 13/11/2026
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la República Argentina por las violaciones a derechos humanos cometidas en el juicio político de 2003 que culminó con la destitución de Eduardo José Antonio Moliné O’Connor como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal determinó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional al removerlo con fundamento en el criterio jurídico expresado en decisiones dictadas en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, atribuyéndole “mal desempeño”.
El Tribunal también señaló que la revocación de la pensión vitalicia, dispuesta en razón de la destitución que consideró arbitraria, conculcó sus derechos, y que el proceso judicial que Moliné O’Connor inició para cuestionar esa decisión se prolongó injustificadamente por más de una década.
Según la sentencia notificada este jueves, distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria.
Además, las autoridades que conocieron los recursos judiciales que la víctima interpuso para impugnar lo resuelto por el Congreso de la Nación no proveyeron una respuesta que atendiera los agravios denunciados.
El Tribunal también señaló que la revocación de la pensión vitalicia, dispuesta en razón de la destitución que consideró arbitraria, conculcó sus derechos, y que el proceso judicial que Moliné O’Connor inició para cuestionar esa decisión se prolongó injustificadamente por más de una década.
En consecuencia, la Corte declaró que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Asimismo, vulneró los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, reconocidos respectivamente en los artículos 23.1.c), 21 y 26 de la Convención, en relación con el artículo 1.1. Por último, concluyó que el Estado es responsable por la afectación al proyecto de vida de la víctima.
La Corte estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación. Adicionalmente, ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que correspondía a Moliné O’Connor, publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial, y pagar las sumas determinadas por conceptos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, costas y gastos.
También dispuso que corresponde a las autoridades internas interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución argentina conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares desarrollados por el Tribunal en su jurisprudencia.
El fallo se refiere al juicio político impulsado en 2003 por el Congreso de la Nación, que culminó con la destitución de Moliné O’Connor de la Corte Suprema.
El caso había llegado al sistema interamericano tras el agotamiento de los recursos internos y la presentación de la demanda correspondiente.