Treinta y tres son peores

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, revocó una sentencia de primera instancia y rechazó la demanda de un hombre por supuesto despido persecutorio contra una empresa y sus directores al advertir 32 sanciones previas debidamente rubricadas.

El conflicto se originó cuando la firma decidió rescindir el vínculo laboral invocando el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El empleado tenía una antigüedad de cinco años y medio, y se le atribuyó inasistencia injustificada y sin previo aviso el 19 de diciembre de 2022..

Durante el intercambio telegráfico previo, el accionante había negado tajantemente el hecho, pero al iniciar la demanda dio un giro discursivo absoluto y admitió la falta, focalizando su reclamo en la supuesta desproporción de la máxima sanción y en la existencia de un pago salarial clandestino de 230.000 pesos mensuales.

Un total de treinta y dos medidas disciplinarias en cinco años y medio, con una frecuencia y una heterogeneidad -impuntualidades, inasistencias, faltantes de recaudación, desatención de clientes con pérdida de cuentas, incumplimientos convencionales específicos- que retratan un comportamiento laboral persistentemente refractario a los deberes de los arts. 84 y 86 de la LCT,

Sin embargo, el juez preopinante, Enrique Catani, advirtió que al reconocer la inasistencia en su escrito inicial, el demandante apartó a la patronal de la carga probatoria sobre ese punto y señaló que el trabajador "ni siquiera precisó —ni en el intercambio telegráfico, ni en la demanda, ni a lo largo del pleito— a quién habría cursado el pretendido aviso, en qué momento ni por cuál medio".

El magistrado también ponderó el frondoso historial disciplinario del dependiente, que acumulaba un total de treinta y dos medidas correctivas a lo largo del vínculo —apercibimientos y suspensiones por impuntualidades, faltantes de recaudación y desatención a clientes—, todas ellas consentidas pacíficamente en su momento. 

"Vale decir, un total de treinta y dos medidas disciplinarias en cinco años y medio, con una frecuencia y una heterogeneidad -impuntualidades, inasistencias, faltantes de recaudación, desatención de clientes con pérdida de cuentas, incumplimientos convencionales específicos- que retratan un comportamiento laboral persistentemente refractario a los deberes de los arts. 84 y 86 de la LCT, y cuyo tramo final exhibe una elocuente concentración: un apercibimiento el 10/11/2022, una suspensión de tres días el 12/11/2022 y un nuevo señalamiento por faltante de recaudación el 16/12/2022; esto es, apenas tres días antes de la inasistencia que operó como detonante del distracto", señaló la sentencia.

Y agregó: "La inasistencia del 19/12/2022 -incausada e inavisada, y sucedida a escasos días de una suspensión y de un nuevo señalamiento disciplinario- no podía ser evaluada en forma aislada, como lo hizo el fallo de grado, sino al calor de los desfavorables antecedentes que la precedieron".