03 de November de 2026
Edición 7561
Próxima Actualización: 04/11/2026
El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su profunda preocupación por varios contenidos del proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
Los letrados consideraron que algunas de sus disposiciones resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
También genera “seria inquietud” el otorgamiento de facultades a los fiscales para disponer, en determinados supuestos, allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin control judicial previo, advirtieron los abogados.
En particular, el pronunciamiento institucional advierte con “suma gravedad” la pretensión de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar a personas detenidas sin la presencia de su abogado defensor.
Según el texto, “una disposición de tal naturaleza vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio y abre paso a posibles abusos, arbitrariedades y mecanismos de coerción incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho”.
También genera “seria inquietud” el otorgamiento de facultades a los fiscales para disponer, en determinados supuestos, allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin control judicial previo, advirtieron los abogados.
El Colegio sostiene que “el debilitamiento de la intervención jurisdiccional importa un retroceso inadmisible en materia de garantías individuales y de división de poderes”.
Otro punto señalado es la incorporación del denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mediante el cual se habilitaría la posibilidad de impulsar condenas sin la realización de un juicio previo pleno y sin adecuada intervención de la defensa técnica.
Esta modalidad, indicó el documento, afecta “garantías esenciales del debido proceso legal”.
El Colegio reconoció que la seguridad pública constituye “una demanda legítima de la sociedad y un objetivo prioritario del Estado”. Sin embargo, sostuvo que “aun en contextos complejos o de emergencia, no puede erigirse en fundamento para la instauración de mecanismos excepcionales que erosionen derechos y garantías fundamentales”.
Agregó que el fortalecimiento de las instituciones democráticas exige respuestas eficaces frente al delito, “pero siempre dentro de los límites impuestos por la Constitución y el sistema republicano de gobierno”.
Por estas razones, la institución instó a “la apertura de un debate serio, amplio y responsable sobre el contenido del proyecto” y se puso a disposición de los poderes públicos “para contribuir a la elaboración de herramientas normativas que atiendan las necesidades actuales en materia de seguridad, sin menoscabar las libertades, derechos y garantías de las personas sometidas a proceso penal”.