Biglieri: "El cuello de botella no está sólo en el Ejecutivo"

En el marco de la cobertura de Diario Judicial con entrevistas a los candidatos que competirán el próximo 20 de octubre para definir la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura, dialogamos con Alberto “Nacho” Biglieri, quien encabeza la Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía-, acompañado de Claudia Sarmiento, de San Juan; Eduardo Bittar, de Córdoba; y Jazminka Mihaljevic, de Mendoza. Como suplentes integran la nómina Carlos Más Vélez y Guillermo Lipera, de la Ciudad de Buenos Aires; Ana Ruiz O’Neill, de Córdoba; y Carolina Grillo, de Corrientes.

El postulante del espacio -ideado y respaldado por Ricardo Gil Lavedra- planteó la necesidad de revisar los criterios de evaluación en los concursos para cubrir vacantes judiciales, con especial atención a las desigualdades que, según sostuvo, perjudican a los abogados que ejercen libremente la profesión.

Biglieri propuso también cambios en la valoración de antecedentes, la integración de los jurados y las entrevistas personales, además de incorporar herramientas tecnológicas para agilizar los procesos y garantizar mayor transparencia.

Diario Judicial: De los últimos 67 pliegos que el Ejecutivo envió al Senado, ninguno correspondía a abogados de la matrícula sin antecedentes en el Poder Judicial. ¿Dónde está la falla, en la grilla de antecedentes, en los jurados, en la entrevista o en la elección que hace el Ejecutivo dentro de la terna? ¿Qué cambio concreto propone y en qué plazo?

Alberto Biglieri: La falla no está en un solo eslabón: es acumulativa. Cada etapa le resta un poco al abogado de la matrícula y, al final, el resultado es el que describe la pregunta. El dato no es aislado: la presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal señaló que de los últimos 170 pliegos enviados al Senado sólo seis correspondían a colegas que venían del ejercicio de la matrícula, y advirtió que el problema empieza antes, porque se inscriben menos abogados que integrantes del Poder Judicial.

El problema es que cada etapa le resta un poco al abogado de la matrícula. Empieza en la grilla, que por el mismo tiempo de trabajo le da más puntos a quien estuvo en un juzgado que a quien ejerció la profesión. Además, al funcionario le alcanza con el cargo y al abogado se le exige probar causa por causa. Después viene un examen que consiste en redactar una sentencia, algo que el funcionario hace todos los días. Sigue una entrevista sin puntaje fijo, que puede cambiar el orden de mérito. Y termina con una elección del Ejecutivo dentro de la terna que no se fundamenta y que hoy ya no admite observaciones ciudadanas.

Nosotros proponemos cuatro cambios concretos. Primero, que los años de ejercicio profesional se puntúen igual que los años en un juzgado. Segundo, que se sumen por sorteo a los jurados abogados de la matrícula con trayectoria docente, algo que la Acordada 4/2026 ya permite. Tercero, que la entrevista tenga un tope de 20 puntos sobre 200, con pautas claras y voto fundado. Cuarto, que el Consejo publique cada semestre cuántos inscriptos, ternados y pliegos vienen de la matrícula, porque lo que no se mide no se corrige.

Se necesita que la antigüedad se acredite con la matrícula activa certificada por el Colegio y que la intensidad se verifique con una muestra razonable, como una intervención documentada por año. Que sea el propio sistema judicial el que certifique en qué causas actuó cada matrícula, igual que certifica el cargo del funcionario,

DJu: El reglamento vigente exige al abogado que ejerce listados que indiquen detalladamente las causas judiciales en que tuvieren intervención al menos en los últimos diez años para acreditar su especialidad, mientras al funcionario judicial le alcanza con el cargo. ¿Cómo debería acreditarse y puntuarse el ejercicio libre de la profesión?

A.B.: El problema no es pedir prueba: es que la carga es desigual y además mide mal. Al funcionario le basta un certificado del cargo, mientras que al abogado se le pide reconstruir años de trabajo causa por causa, cuidando el secreto profesional. Y sólo mira lo judicial: deja afuera el asesoramiento, la negociación, la mediación, los contratos o los dictámenes, que son buena parte del trabajo real de un abogado y también forman criterio jurídico.

En este punto somos muy concretos en esta propuesta. Se necesita que la antigüedad se acredite con la matrícula activa certificada por el Colegio y que la intensidad se verifique con una muestra razonable, como una intervención documentada por año. Que sea el propio sistema judicial el que certifique en qué causas actuó cada matrícula, igual que certifica el cargo del funcionario, y que se admita el trabajo extrajudicial, presentado en reserva y con los datos de las partes testados.

Y con respecto al puntaje, un año de ejercicio profesional tiene que valer lo mismo que un año en un cargo judicial comparable, y la especialidad debe medirse con una regla objetiva e igual para todos, como un mínimo de intervenciones en la materia, y no con descuentos discrecionales. El proyecto de la Corte ya va en ese sentido, y en España funciona así: certificación del Colegio más una muestra de trabajo concreto.

Los resguardos que exigiría: un banco de preguntas público, elaborado también por abogados de la matrícula y limitado a derecho vigente y jurisprudencia de la Corte, sin rutinas internas de los juzgados; auditar cada pregunta para detectar si favorece a quien trabaja en un tribunal; ningún puntaje calculado por un sistema sin revisión humana y posibilidad de impugnarlo

DJu: Hoy suman 203 los cargos de magistrados sin cubrir, equivalentes a la cuarta parte de todos los cargos de la Justicia nacional y federal. El mismo proyecto de la Corte plantea exámenes de corrección automatizada, banco de preguntas y anonimato informático. ¿Qué lugar le daría a la tecnología para acortar los concursos y hacerlos auditables, y qué resguardos exigiría para que esas herramientas no terminen perjudicando a quien llega desde el ejercicio profesional?

A.B.: Hoy hay 266 cargos vacantes en distintas etapas y 159 siguen en el propio Consejo: el cuello de botella no está sólo en el Ejecutivo. Por eso le daría a la tecnología un lugar central en todo lo que es administración, trazabilidad y evaluación objetiva de conocimientos, y un lugar acotado en lo que es juicio sobre la idoneidad.

Lo que más tiempo ahorra es un examen general que se rinda varias veces por año y quede aprobado por cinco años, para que cada concurso empiece directamente por la etapa práctica. A eso le sumaría un legajo digital único, anonimato y registro de auditoría inalterable, como propone la Corte, y un tablero público con el estado y los plazos de cada concurso.

Los resguardos que exigiría: un banco de preguntas público, elaborado también por abogados de la matrícula y limitado a derecho vigente y jurisprudencia de la Corte, sin rutinas internas de los juzgados; auditar cada pregunta para detectar si favorece a quien trabaja en un tribunal; ningún puntaje calculado por un sistema sin revisión humana y posibilidad de impugnarlo; corrección humana y anónima de las sentencias; y cursos de preparación accesibles para los colegas de la matrícula. La tecnología tiene que quitar discrecionalidad, no agregar un filtro nuevo y más opaco.