La Junta Electoral que organizó los comicios del 8 de octubre se reunió en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para realizar el escrutinio de la elección de los cuatro representantes de los jueces ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. El Acta N° 15, firmada por los jueces Claudio Fabián Loguarro, Gabriela Iturbide, Zunilda Niremperger, Mariano Scotto y Carlos Arturo Ochoa, fijó los guarismos sobre 615 votos afirmativos computados: 203 para la Lista Bordó, 185 para Compromiso Judicial, 125 para la Celeste N° 2 y 102 para la Celeste N° 1.
Los dos votos
Antes de cerrar los números, la Junta tuvo que resolver la suerte de dos sufragios que habían quedado fuera del cómputo. El primero había sido declarado nulo por la autoridad de mesa, y la Junta, por unanimidad, confirmó esa calificación con los mismos fundamentos que había expuesto el presidente de mesa.
El segundo era un voto recurrido. Según el acta, llegó por correo desde un lugar distinto de la subsede en la que el elector debía votar, fuera del horario establecido para la votación y sin forma de acreditar con certeza la identidad de quien lo había emitido. La Junta concluyó por unanimidad que "la imposibilidad de verificar la identidad del elector constituye un impedimento sustancial para tener por válidamente emitido el voto", por no estar satisfechas las garantías mínimas de autenticidad y regularidad del procedimiento y por el incumplimiento del reglamento aprobado por la Resolución C.M. N° 75/2022. Lo declaró inválido y lo excluyó del cómputo.
"La imposibilidad de verificar la identidad del elector constituye un impedimento sustancial para tener por válidamente emitido el voto"
Según pudo saber este medio, el voto anulado en la mesa estaba dirigido a Compromiso Judicial y el recurrido, a la Celeste. Ninguno de los dos, entonces, podía darle a la Bordó el sufragio que le faltaba para alcanzar el cociente de la Celeste 1, y su eventual validez no habría modificado la asignación de la cuarta banca.
El reparto
Con los números firmes, la Junta aplicó el sistema D'Hondt previsto en el artículo 26 del reglamento. Los cuatro mayores cocientes correspondieron, en ese orden, a la Bordó, Compromiso Judicial, la Celeste 2 y la Celeste 1, ya que el segundo cociente de la Bordó, de 101,50, quedó por debajo de los 102 de la Celeste 1. Cada agrupación obtuvo así un cargo.
La Junta adjudicó el cuarto cargo a la segunda candidata titular de la Celeste 1. Dispuso además comunicar lo resuelto al Consejo de la Magistratura para la proclamación de los electos y elevar las actuaciones al Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados.
Quedaba definir quién ocuparía cada uno. La Junta recordó que la integración del estamento debe respetar la representación por categoría funcional, género y magistrados federales del interior, con apoyo en los artículos 37, 75 inciso 23 y 114 de la Constitución Nacional, el artículo 2 de la Ley 24.937 y los artículos 12 y 26 del reglamento. Los dos primeros cargos recayeron en magistrados varones de primera instancia, Gallo Tagle y Culotta, y el tercero en una camarista, Gabriela Vázquez, con lo que la exigencia federal quedó cubierta. El cuarto debía quedar, por lo tanto, en manos de una jueza de Cámara.
La Celeste 1 había llevado como primer titular a un camarista, Walter Venditti, y como segunda titular a otra camarista, Paula Castro. La Junta entendió que las reglas de integración de género deben aplicarse de modo que "produzcan la menor alteración posible de la voluntad electoral", y que por eso corresponde preferir a una candidata titular de la misma lista antes que recurrir a una suplente. Como antecedente citó el Acta N° 1411 del Consejo Directivo de la Asociación, por la cual en 2022 se proclamó para el cuarto cargo a Agustina Díaz Cordero, segunda titular de su lista.
Con ese criterio, la Junta adjudicó el cuarto cargo a la segunda candidata titular de la Celeste 1. Dispuso además comunicar lo resuelto al Consejo de la Magistratura para la proclamación de los electos y elevar las actuaciones al Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados.