El 1,3% que llegó a una sanción

Una investigación de ACIJ/JusTA relevó 5.170 denuncias contra jueces y juezas nacionales y federales presentadas desde 1999 hasta agosto pasado. De las 4.910 que ya fueron cerradas, apenas 64 terminaron en una sanción o remoción: el 1,3%.

El trabajo, titulado “¿Justicia intocable?”, analiza el funcionamiento del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura y señala problemas vinculados con la transparencia de los expedientes, la participación de quienes realizan las denuncias, la distribución de los casos y las demoras en su tramitación.

Según los datos recopilados, de las denuncias cerradas, 3.700 fueron desestimadas, 469 finalizaron por caducidad y 633 no permiten conocer, a partir de los datos del Consejo, la causa del cierre. En tanto, hubo 43 sanciones y 21 remociones.

La investigación advierte que las denuncias caducan a los tres años desde su presentación si no existe una resolución del Plenario. Entre 1999 y agosto de 2026, 469 denuncias terminaron de esa manera. “Esto significa que una causa puede cerrarse sin que exista una investigación ni una decisión sobre los hechos denunciados”, sostiene el informe.

Otro de los puntos señalados es el acceso a los expedientes. El equipo pidió información sobre 69 expedientes próximos a caducar de las comisiones de Disciplina y de Acusación. Tras casi cuatro meses, solo pudo acceder a siete denuncias desestimadas o archivadas, además de algunas resoluciones y autorizaciones para consultar presencialmente determinados procesos.

La investigación también pone el foco en quienes presentan las denuncias. El reglamento establece que pueden denunciarse hechos u omisiones atribuibles a magistrados que puedan configurar una falta disciplinaria o una causal de remoción, pero quien denuncia “no será parte de las actuaciones”. Para el informe, esto implica quedar afuera del trámite y dificulta conocer qué medidas se adoptaron y cómo avanzó la investigación.

El trabajo también analiza cómo se decide si una denuncia tramitará ante la Comisión de Disciplina o ante la Comisión de Acusación. La primera interviene en faltas que pueden derivar en advertencias, apercibimientos o multas, mientras que la segunda aborda los hechos más graves que eventualmente pueden llevar a un proceso de remoción. La investigación señala que los criterios de asignación no están definidos de manera taxativa.

En el informe también aparece el caso de Diego Hernán Papa, juez nacional del Juzgado en lo Comercial12. La investigación señala que el Consejo recibió denuncias vinculadas con presunto maltrato y acoso laboral, entre otros hechos, y que el expediente terminó archivado luego de que transcurrieran más de tres años sin definición. Antes del archivo, el Plenario había votado sucesivamente distintas alternativas sin alcanzar la mayoría necesaria.

Entre los casos mencionados en el trabajo también figura Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, cuya actuación fue denunciada en 2023 por el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de La Plata. Según la investigación, en ese expediente se solicitaron copias de actuaciones y la causa caducará el 1 de diciembre de 2026 si el Consejo no se expide.

Además, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, será juzgado en las próximas semanas. Está acusado de supuestamente ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.

El informe incorpora además el caso de Ariel Lijo, quien durante sus 22 años como juez recibió 41 denuncias disciplinarias por distintas situaciones. La investigación señala que en algunos expedientes no se pidió ninguna medida de prueba y que la mayoría fueron rechazados.

El escenario de los jury también tuvo movimiento durante el último año. El último juez enviado a jury fue Pablo Díaz Lacava, acusado de presunto maltrato, quien finalmente salió airoso. Fue el tercer juez sometido a jury en menos de un año.

En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, integrante de un tribunal oral de Mar del Plata. El 18 de agosto pasado, en tanto, fue removido de su cargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de proferir mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.

Además, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva, será juzgado en las próximas semanas. Está acusado de supuestamente ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos. “Si de un total de 4.910 denuncias, solo 64 llegaron a una sanción (1,3%), se abren interrogantes sobre la efectividad de estos procesos”, concluye el informe.