Comenzó el jury contra el juez federal Pablo Ramiro Díaz Lacava. El proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación inició con la primera audiencia de debate contra el magistrado, quien se encuentra suspendido en sus funciones y procesado penalmente por presuntas lesiones, amenazas, maltrato laboral y violencia de género.
Los acusadores del Consejo de la Magistratura, los consejeros Diego Barroetaveña y Alberto Maques, sostuvieron que el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa hizo vivir “un verdadero infierno” a funcionarios y empleados de su tribunal y afirmaron que esa situación terminó afectando el servicio de justicia. Por ello, adelantaron que pedirán su remoción por supuesto mal desempeño.
“No es halagador estar aquí sentado acusando a un colega. Pero aquí fueron damnificados también otros funcionarios, jueces y empleado", argumentó el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y agregó: "Este proceso no es un mero conflicto laboral o desacuerdo o discusión sobre estilos de conducción. Tampoco estamos frente a un episodio aislado por no tener un buen día. Esto viene a poner en juego la función de la magistratura en un mecanismo de abuso de poder”.
Barroetaveña aseguró que aquí hubo un “patrón de conductas sucedido en el tiempo”, y describió que los empleados tenían miedo a ingresar a las oficinas por la “incertidumbre frente a reacciones imprevisibles” del juez. Asimismo, relató situaciones como “gritos y descalificaciones”, “ataques de ira”, “golpes en el escritorio”, “interrogatorios a empleados”, amenazas de sanciones y actitudes “persecutorias”.
“¿Cómo se puede trabajar en este contexto? ¿Se puede brindar justicia así?”, se preguntó el consejero, al tiempo que señaló que los empleados vivieron “un verdadero infierno”. Barroetaveña también afirmó que “un juez no debe arrojar una piedra a un funcionario y decir que es una broma”.
Qué dijo la defensa
La defensa, a cargo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó los cargos, repasó distintas situaciones laborales y cuestionó la existencia de un perjuicio acreditado. “¿Cuál es el daño probado de los denunciantes?”, planteó durante su exposición.
Luego de las presentaciones iniciales, el jury le ofreció al magistrado la posibilidad de declarar. Díaz Lacava anticipó que lo hará, pero recién cuando finalice la producción de prueba.
Las acusaciones contra Díaz Lacava se remontan a abril de 2023, cuando secretarios de su tribunal lo denunciaron por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.
En el ámbito penal, Díaz Lacava está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales, “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”.
Durante el debate en el pleno del Consejo se dio lectura al informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal: “Lo relatado presenta características de acoso laboral, que se expresa a través de amenazas más o menos encubiertas, humillaciones, hostigamiento constante y reiterado durante la jornada laboral y fuera de ella, así como la modificación arbitraria de las condiciones de trabajo sin fundamentos ni explicaciones”.
El documento del organismo también destacó situaciones de aislamiento, la asignación de tareas confusas o de imposible cumplimiento, las burlas, la cosificación, la deshumanización, la sobrecarga selectiva de tareas, el hacer el vacío, excluir personas, ningunearlas y caricaturizarlas.
En el ámbito penal, Díaz Lacava está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales, “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”. El magistrado se encuentra a punto de ser sometido a juicio oral.