14 de September de 2026
Edición 7536
Próxima Actualización: 15/09/2026
Desde la entrada en vigencia de la Ley 27.801, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) puso en marcha un esquema especializado para garantizar la defensa técnica de los adolescentes alcanzados por el nuevo Régimen Penal Juvenil y la asistencia jurídica de las víctimas.
La adecuación fue dispuesta por el Defensor General de la Nación interino, Julián Horacio Langevin, mediante la creación de una unidad de implementación y de nuevas dependencias.
La unidad está integrada por el defensor público oficial Mariano Patricio Maciel, como titular, y por los defensores Damián Roberto Muñoz, Juan Antonio Tobías, Pablo Eduardo Domínguez y Gustavo Ariel Fernández, como vocales. La coordinación recae en el secretario letrado Gabriel Alberto Lanaro Ojeda.
La norma, sancionada en febrero y vigente desde el 5 de septiembre, rige para personas de entre 14 y 18 años imputadas por delitos. Exige que los procesos, el control de medidas y la ejecución de sanciones estén a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación específica en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Para coordinar ese cambio interno, la Defensoría General creó la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil (UIRPJ). Funciona en la Secretaría General de Coordinación y tiene a su cargo elaborar un plan estratégico, detectar necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y capacitación, y diseñar la adecuación de las dependencias que intervienen en la materia.
También debe redactar protocolos y lineamientos, coordinar formación especializada y articular con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y otros organismos vinculados a la protección de niñas, niños y adolescentes.
La unidad está integrada por el defensor público oficial Mariano Patricio Maciel, como titular, y por los defensores Damián Roberto Muñoz, Juan Antonio Tobías, Pablo Eduardo Domínguez y Gustavo Ariel Fernández, como vocales. La coordinación recae en el secretario letrado Gabriel Alberto Lanaro Ojeda.
Por la Resolución DGN 1010/26 se pusieron en funcionamiento las Unidades de Defensa Penal Juvenil N.° 1 y N.° 2, destinadas a la defensa técnica de adolescentes de 14 y 15 años en el ámbito de la justicia nacional.
La Unidad N.° 1, a cargo de Silvina Vanesa Santamaría, interviene desde el inicio de la investigación o el primer acto de naturaleza penal hasta la radicación de la causa ante el tribunal oral.
A partir de esa instancia actúa la Unidad N.° 2, coordinada por Marcelo Carlos Helfrich, en las etapas de juicio, impugnación, ejecución y seguimiento de las medidas o sanciones.
La misma resolución fija pautas de articulación con las Defensorías Públicas Oficiales, las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces y el resto de las dependencias con competencia en la materia.
En paralelo, la Resolución DGN 1011/26 creó la Unidad de Defensa Pública de Víctimas del Régimen Penal Juvenil, coordinada por María Lina Carrera. Brinda asistencia, representación y patrocinio jurídico a las víctimas en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre sus funciones figuran garantizar su participación en el proceso, promover medidas de protección, intervenir en mediaciones penales juveniles, articular con organismos especializados y facilitar el acceso a mecanismos de reparación.
La Resolución DGN 1012/26 concentró en la Unidad N.° 1 las cuestiones de competencia que se planteen entre la Justicia Nacional de Menores y la Justicia de la Ciudad por la aplicación de la ley, respecto de toda la franja etaria del nuevo régimen. Las dependencias intervinientes deben informar los casos y remitir antecedentes para definir la estrategia institucional.