04 de September de 2026
Edición 7530
Próxima Actualización: 07/09/2026
Gobierno reglamentó este lunes el Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma termina de poner en marcha la Ley 27.801 y establece el esquema institucional que deberá encargarse de su aplicación en el ámbito nacional y federal.
La reglamentación alcanza a los adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18. Entre sus objetivos, la ley busca fomentar la responsabilidad por los actos, además de promover la educación, resocialización e integración social de los jóvenes sometidos al régimen penal.
El Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la implementación y coordinación del régimen en la justicia nacional y federal.
Pero no estará solo. El decreto creó el Comité Interministerial que funcionará como instancia permanente de coordinación entre Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Deberá elaborar lineamientos comunes sobre prevención, abordaje y reinserción, intercambiar información estadística y técnica y coordinar los aspectos administrativos y operativos vinculados con las penas previstas por la ley.
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la puesta en funcionamiento del Registro de Supervisores, quienes tendrán a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los adolescentes imputados. Para cumplir esa tarea deberán contar con formación especializada en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.
Mientras se conforma el registro definitivo habrá un listado provisorio de profesionales. La primera convocatoria pública para integrar el registro deberá realizarse dentro de los 180 días desde la entrada en vigencia del régimen.
El decreto reglamentario también contempla mecanismos destinados a garantizar los derechos de las víctimas reconocidos por la Ley 27.801, entre ellos la tutela efectiva, la asistencia especializada y el patrocinio jurídico gratuito.
La reglamentación también creó la Mesa Federal pensada como espacio de articulación entre Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La idea es armonizar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar convenios de cooperación. También podrán participar representantes de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
Las recomendaciones que surjan de la Mesa serán de carácter no vinculante, según se desprende del texto.
El decreto reglamentario también contempla mecanismos destinados a garantizar los derechos de las víctimas reconocidos por la Ley 27.801, entre ellos la tutela efectiva, la asistencia especializada y el patrocinio jurídico gratuito.
Además, la reglamentación prevé mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia, aunque con resguardo de la reserva del proceso establecida por la propia ley.
El Decreto 875/2026 establece que la reglamentación comenzará a regir conjuntamente con la Ley 27.801.
Cabe recordar que, durante este lunes, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la Ley 27.801,