Tirar un piedrazo no amerita remoción

El Jurado de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad la destitución del juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, quien había llegado al jury acusado de presunto maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

Tras escuchar a los testigos, al propio magistrado, a su defensa y a los encargados de la acusación por parte del Cnsejo de la Magistratura, el Tribunal entendió que los hechos denunciados no alcanzaban para configurar una causal de destitución.

Para el jury, el conflicto debió haber encontrado una respuesta dentro del propio tribunal y cuestionó que los mecanismos administrativos no hayan logrado resolver las diferencias entre algunos trabajadores y el magistrado y que la situación terminara derivando en una denuncia penal.

Entendieron que la remoción de Díaz Lacava hubiera significado un “desenlace desproporcionado”. “El juicio político no fue concedido para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas de remoción”, sostuvo el Jurado.

En esa línea, consideraron que “los hechos no alcanzan para dar por configurada” una causal que justifique la destitución. Por eso, Díaz Lacava podrá regresar a su cargo.

El caso se conoció luego de que, en abril de 2023, secretarios del tribunal acusaran al magistrado de supuesto maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. Según el dictamen acusatorio del Consejo de la Magistratura, Díaz Lacava había incurrido en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”. Entre los episodios señalados figuraba uno particularmente llamativo: el lanzamiento de una piedra contra un empleado.

En paralelo, el magistrado se encuentra procesado por lesiones leves y graves, y amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”.

Uno de los puntos discutidos fue precisamente el episodio de la piedra. La defensa planteó que se trató de una broma, aunque reconoció que no había sido de buen gusto, y encuadró otros hechos como simples desacuerdos o conflictos laborales.

Durante el jury, los consejeros Diego Barroetaveña y Álvaro González, en su rol de fiscales, sostuvieron que el magistrado hizo vivir “un verdadero infierno” a funcionarios y empleados y que su conducta había afectado el servicio de justicia.

La defensa estuvo a cargo del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien rechazó los cargos y sostuvo que el daño denunciado no había sido probado y cuestionó la interpretación de distintos episodios laborales.

Uno de los puntos discutidos fue precisamente el episodio de la piedra. La defensa planteó que se trató de una broma, aunque reconoció que no había sido de buen gusto, y encuadró otros hechos como simples desacuerdos o conflictos laborales.

“Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace 3 años y medio”, dijo el propio magistrado en oportunidad de sus últimas palabras.

El jury está integrado actualmente por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero, presidente, y Néstor Pablo Barral; las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.