El Poder Ejecutivo de Santa Fe avaló la creación de seis cargos de médicos forenses dentro del Poder Judicial, con el objetivo de conformar un cuerpo especializado destinado a intervenir en causas por accidentes y enfermedades laborales.
La medida, impulsada para cumplir con la Ley 14.437, busca reducir la elevada litigiosidad que registra la provincia en materia de riesgos del trabajo.
El decreto del Ejecutivo es consecuencia de la norma sancionada a fines de abril, que introdujo reformas estructurales al Código Procesal Laboral santafesino y a la legislación de adhesión a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo.
La Corte Suprema de Justicia provincial deberá ahora convocar al concurso de aspirantes y definir la distribución territorial de los profesionales que resulten designados.
El decreto del Ejecutivo es consecuencia de la norma sancionada a fines de abril, que introdujo reformas estructurales al Código Procesal Laboral santafesino y a la legislación de adhesión a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo.
Según el debate parlamentario, el propósito central de la reforma es disminuir la judicialización de los reclamos, agilizar los procesos y brindar mayor transparencia y previsibilidad al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
La ley establece incompatibilidades estrictas: no podrán ejercer ninguna otra actividad profesional, pública o privada, remunerada o no, que pueda afectar su independencia de criterio, imparcialidad o disponibilidad.
Se admite como excepción la docencia, la investigación científica y la producción académica, siempre que no interfieran con la carga horaria ni generen conflictos de intereses.
Además, se les prohíbe actuar como delegados técnicos de parte, consultores o asesores en procesos judiciales (salvo designación oficial), mantener vínculos profesionales o contractuales con personas o entidades que sean parte o tengan interés en las causas, percibir honorarios vinculados a sus funciones, integrar órganos de administración o fiscalización de sociedades comerciales, y desarrollar actividades que comprometan la confidencialidad o la confianza pública.
Tampoco podrán tener vínculo alguno con las ART ni representar a trabajadores en los reclamos previstos por la normativa nacional.
Los datos del sector muestran el contexto en el que se inscribe la decisión. En el primer cuatrimestre de 2026, Santa Fe registró un incremento interanual del 19,5% en el ingreso de nuevos juicios laborales, con un pico del 24,9% en abril.
Ese crecimiento contrastó con el promedio nacional, que rondó el 2,3%, de acuerdo con información de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
La Secretaría de Gobierno de la Corte tramitó la transferencia de los cargos, mientras que la Dirección General de Administración del Poder Judicial elaboró las planillas de ampliación presupuestaria. El ministro de Justicia y Seguridad avaló la gestión, y el Ejecutivo propició la modificación de la planta de cargos.