Antisemitismo y destitución

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura destituyó este martes al juez federal de Mar del Plata Alfredo López, acusado de antisemitismo y discriminación a través de mensajes publicados en la red social X.

El cuerpo concluyó que el magistrado “ha incurrido en la causal de mal desempeño” y que “debe cesar” en su cargo.

López se había defendido aludiendo a una “persecución ideológica” en su contra y amparándose en la libertad de expresión. El jury, sin embargo, entendió que su conducta no se trató de “exabruptos aislados”, sino de reiteradas “expresiones agraviantes” contra toda una comunidad, lo que configura una grave falta ética.

La fiscalía exhibió algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos figuraban una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, y una respuesta a un usuario en la que decía “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”. 

Según el dictamen, sus publicaciones en la red social incitaron “a la violencia simbólica”, con pretensión de “sometimiento y discriminación” en contra de la comunidad judía.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, determinó el tribunal.

El Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral en lo Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires) y Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria).

Tras el dictamen de la comisión de Acusación, López presentó su renuncia, pero el Poder Ejecutivo no la aceptó. El Plenario del Consejo de la Magistratura —encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del organismo, Horacio Rosatti— votó enviarlo al jury.

El magistrado fue acusado por el contenido de 15 mensajes. Las denuncias habían sido presentadas el año pasado por Gabriel Camiser, letrado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo. Se basaron en posteos y reposteos de la cuenta @JuezLopezMDP que, según las presentaciones, mostraban un “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.

En el jury actuaron como acusadores el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, se determinó.

La fiscalía exhibió algunos de los 40 tuits que fundaron el dictamen. Entre ellos figuraban una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, y una respuesta a un usuario en la que decía “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”. 

También se señaló un mensaje que, utilizando la foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, preguntaba: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

La defensa sostuvo que no hubo “actos discriminatorios contra la comunidad judía”, cuestionó que las agrupaciones denunciantes se “arrogaron” el derecho de cuestionar a un juez de la Nación “como si fuera en nombre de toda una colectividad” y criticó la “teatralización” de la acusación.

López afirmó que no se le pueden adjudicar “respuestas de terceros” y citó un fallo favorable al presidente Javier Milei en la demanda iniciada por la madre del influencer Ian Moche, en el que se estableció que los reposteos “no implican” coautoría.

En su descargo, el magistrado sostuvo que el juicio político no puede sancionar “opiniones personales”, destacó que sus tuits no generaron denuncia penal ni demanda civil, señaló que versaron sobre “asuntos públicos” a raíz de una decisión de la Corte Penal Internacional y reclamó diferenciar entre “crítica y discriminación”.

“Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”, agregó.

Al evaluar los mensajes, el jury entendió que López no debía continuar como juez federal ni ocupar el Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.

“No se destituye a un juez por opinar. Se remueve a un juez porque su conducta pública, ejercida bajo la invocación de su investidura, se ha vuelto incompatible con la imparcialidad, el decoro y la confianza pública que esa misma investidura exige”, se determinó.