Antisemitismo, denuncia y renuncia

El titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, presentó su renuncia, en medio de un proceso por mal desempeño vinculado a publicaciones en redes sociales que fueron denunciadas como antisemitas. 

Las denuncias que motivaron la investigación provinieron de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA). 

Entre las expresiones señaladas se mencionaron frases como “Hamas creación de Israel”, “Israel es una farsa” y el uso peyorativo del término “sionista”, acompañadas en algunos casos de imágenes consideradas ofensivas.

El senador nacional Luis Juez, integrante de la Comisión de Acusación del Consejo, elaboró un dictamen en el que identificó 17 mensajes publicados en la cuenta de X @juezlopezMDP que, a su criterio, constituían agresiones hacia la comunidad judía. 

Entre las expresiones señaladas se mencionaron frases como “Hamas creación de Israel”, “Israel es una farsa” y el uso peyorativo del término “sionista”, acompañadas en algunos casos de imágenes consideradas ofensivas.

López, designado juez federal en 2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde, presentó su descargo ante el organismo. El magistrado sostuvo que las entidades judías lo “atacaron” luego de que difundiera información sobre la condena de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos “crímenes de guerra”. 

Argumentó que sus publicaciones se enmarcaban en el ejercicio de la libertad de expresión.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura elevó el caso al plenario del organismo, lo que acercó al juez a un eventual jury de enjuiciamiento. 

Ante esta situación, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, solicitó al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, un informe detallado sobre la existencia de denuncias o procesos disciplinarios en trámite contra López. 

Una vez recibido el informe solicitado, el Poder Ejecutivo definirá si acepta la renuncia o si el proceso continúa hacia un jury de enjuiciamiento.