Los tratos crueles se condenan

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este viernes la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió durante su privación de libertad.

El tribunal también determinó que las condiciones de su encarcelamiento vulneraron sus derechos a la salud, al agua y al saneamiento, y que el caso afectó a su esposa, su hijo mayor, sus hermanas y su madre.

La Corte consideró que la detención fue ilegal y arbitraria, y que se desconoció el derecho a la asistencia consular. Señaló además que la forma en que se produjo el operativo y la exhibición pública de Puracal a bordo de un vehículo policial en las calles de San Juan del Sur afectaron su derecho a la honra y a la presunción de inocencia.

El caso se originó en la detención de Puracal, ocurrida el 11 de noviembre de 2010 en el marco de una investigación por tráfico de drogas. Ese día la Policía allanó su oficina y su vivienda en San Juan del Sur.

Los agentes actuaron con los rostros cubiertos, incautaron bienes que nunca fueron devueltos y carecieron de una orden judicial válida. El allanamiento de la casa se realizó en horario nocturno y en presencia de sus familiares, entre ellos su hijo de tres años.

Puracal fue trasladado sucesivamente a la estación de San Juan del Sur, a la cárcel de Rivas, a “El Chipote” y finalmente a “La Modelo”, sin registros claros de su paradero durante varios días.

Se le impuso prisión preventiva de manera automática en aplicación del artículo 173 del Código Procesal Penal vigente en ese momento, por tratarse de una investigación por tráfico de drogas. Permaneció más de 21 meses privado de libertad en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado al agua potable y sin atención médica adecuada.

El juicio estuvo marcado por múltiples retrasos y violaciones a las garantías del debido proceso. En septiembre de 2012 el Tribunal de Apelaciones anuló el proceso y ordenó su libertad. Luego fue deportado a Estados Unidos.

La Corte consideró que la detención fue ilegal y arbitraria, y que se desconoció el derecho a la asistencia consular. Señaló además que la forma en que se produjo el operativo y la exhibición pública de Puracal a bordo de un vehículo policial en las calles de San Juan del Sur afectaron su derecho a la honra y a la presunción de inocencia.

Las condiciones carcelarias fueron calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tribunal analizó en particular la falta de atención médica, de agua potable y de condiciones de saneamiento, y concluyó que también se violó el artículo 26 de la Convención Americana.

Sobre el allanamiento nocturno, la Corte subrayó que el Estado debió haber adoptado medidas específicas para prevenir daños físicos y mitigar el impacto emocional en un niño de tres años que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su corta edad y por tener una discapacidad.

Determinó asimismo, que la detención y la posterior deportación ilegal y arbitraria impactaron el núcleo familiar, en particular a sus dos hijos, y afectaron la integridad física y psíquica de sus hermanas y de su madre, quienes participaron activamente en su defensa.

La Corte tuvo especialmente en cuenta el impacto en el proyecto de vida de Puracal, de su esposa Scarlette Flores, de su hijo mayor J.P.F. y de su hermana Janis Puracal.

El tribunal ordenó al Estado adecuar su ordenamiento jurídico en materia de prisión preventiva oficiosa para que resulte compatible con la Convención Americana, y adoptar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles “La Modelo” y “El Chipote” se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos.