15 de April de 2026
Edición 7434
Próxima Actualización: 16/04/2026
El Plenario del Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, envió a jury al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, y a su par de La Pampa, Pablo Díaz Lacava.
El primer dictamen obtuvo el apoyo unánime de los consejeros. López presentó recientemente su renuncia -con fecha efectiva el 8 de abril y esgrimiendo problemas de salud- y está a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ya que aún no fue aceptada ni oficializada.
El magistrado fue denunciado por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales. Entre sus declaraciones, insinuó que ser judío es incompatible con la identidad nacional, distinguió entre “judíos” y “argentinos” y utilizó “conceptos denigrantes impropios”, según la presentación que identificó 17 mensajes publicados desde la cuenta de la red social X (@JuezLopezMDP) entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
El senador Luis Juez actuó como consejero informante y sostuvo que la conducta de López “superó cualquier límite de tolerancia”. “Se expresaba y utilizaba las redes sociales como un mecanismo creyendo que podía decir, hacer y actuar de cualquier manera. La verdad, si no sabés manejar las redes, no las uses. No te habilitan a decir cualquier locura o barbaridad”, señaló.
El dictamen de Lacava, por su parte, obtuvo los votos afirmativos de Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Agustina Díaz Cordero, Anabel Fernández Sagasti, Hugo Galderisi, Álvaro González, César Grau, Luis Juez, Alberto Maques, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Vázquez, Eduardo Vischi y Horacio Rosatti; mientras que Gonzalo Roca y Santiago Viola se abstuvieron. El consejero juez Alberto Lugones votó en contra del jury y propuso aplicarle una multa equivalente al 50% de sus haberes.
En este sentido, el consejero González fue concluyente y afirmó que Lacava “ha ejercido actos de violencia y hostigamiento sobre parte de sus dependientes, en una actitud considerada indigna e indecorosa”.
El diputado Álvaro González, consejero informante, explicó que se realizaron todas las medidas de prueba y que el juez tuvo la oportunidad de presentar su defensa. Este último argumentó que muchos empleados no entendían su humor.
Al magistrado se le imputan graves desórdenes de conducta personal y haber obrado con falta de probidad y decoro, por haber ejercido “violencia y acoso laboral” y “violencia contra la mujer” sobre sus dependientes. En el expediente declararon docenas de testigos, quienes relataron diversas situaciones.
En este sentido, González dedicó parte de su exposición a la lectura del informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal: “Lo relatado presenta características de acoso laboral, que se expresa a través de amenazas más o menos encubiertas, humillaciones, hostigamiento constante y reiterado durante la jornada laboral y fuera de ella, así como la modificación arbitraria de las condiciones de trabajo sin fundamentos ni explicaciones”.
El informe del organismo también destacó situaciones de aislamiento, la asignación de tareas confusas o de imposible cumplimiento, las burlas, la cosificación, la deshumanización, la sobrecarga selectiva de tareas, el hacer el vacío, excluir personas, ningunearlas y caricaturizarlas.
En este sentido, el consejero González fue concluyente y afirmó que Lacava “ha ejercido actos de violencia y hostigamiento sobre parte de sus dependientes, en una actitud considerada indigna e indecorosa”. Así, el pleno ordenó apertura del procedimiento de remoción, la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones.