05 de August de 2026
Edición 7509
Próxima Actualización: 06/08/2026
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires la suspensión preventiva e inmediata de Mariana Albisu, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Brandsen, luego de que se conformara formalmente el Jurado de Enjuiciamiento que deberá tratar las denuncias por presunta violencia laboral, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria.
Según informó el gremio, el proceso contra la fiscal entró en una etapa decisiva con la integración del Jury.
La organización judicial describió la situación actual de la dependencia como una “fiscalía fantasma”. Afirmó que, a excepción de la propia Albisu y su secretaria, no queda ningún otro trabajador o trabajadora en la oficina.
En ese marco, la AJB presentó este mes una nota formal ante el máximo tribunal bonaerense firmada por Martín Vizcarra, secretario general de la departamental La Plata; Oscar Jenni, secretario gremial provincial, y Mónica Blanc, secretaria de Género y Oportunidades provincial.
En el escrito, el sindicato sostiene que “si el gremio debió intervenir para resguardar al personal, es inadmisible que la fiscal siga en su cargo”.
La organización judicial describió la situación actual de la dependencia como una “fiscalía fantasma”. Afirmó que, a excepción de la propia Albisu y su secretaria, no queda ningún otro trabajador o trabajadora en la oficina.
El gremio explicó que logró trasladar al personal para protegerlo de lo que considera un “entorno hostil”, pero cuestionó que la respuesta institucional se limite a vaciar la fiscalía mientras la funcionaria permanece en su puesto.
“Mantener activa una dependencia sin personal es un sinsentido operativo y muestra cómo el corporativismo judicial sostiene a una persona procesada”, sostuvo la AJB.
El sindicato destacó que impulsó tanto una denuncia penal como el pedido de juicio político, y consideró que la conformación del Jurado de Enjuiciamiento es el resultado directo de esa estrategia, que rompe con lo que calificó como “pasividad del pasado”. La entidad subrayó que la salud de los trabajadores judiciales constituye su prioridad absoluta.
El conflicto en la UFI de Brandsen se arrastra desde hace varios años. Las denuncias por violencia laboral y de género se remontan al menos a 2019-2022, e incluyen informes técnicos de la Dirección Provincial de Sanidad de la Suprema Corte que en su momento señalaron un clima de tensión y hostilidad permanente en el ámbito laboral.