Educación sin candados

El Juzgado de Minas de Salta, a cargo de la jueza María Victoria Mosmann, homologó el acuerdo alcanzado entre la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, la Provincia y los demás participantes del proceso de hábeas corpus colectivo correctivo, mediante el cual se aprobó el "Protocolo para la Educación Superior de las Personas Privadas de Libertad", destinado a regular el acceso y funcionamiento de las actividades universitarias dentro del sistema penitenciario.

Este proceso fue iniciado por la Asociación en representación de los internos de los establecimientos penitenciarios provinciales, con el objeto de obtener el cese del agravamiento de las condiciones de privación de libertad consistentes en prácticas que consideran una sistemática afectación del derecho a la educación de los internos que cursan sus estudios universitarios en contexto de cumplimiento de una condena privativa de libertad.

Luego de haberse dictado la resolución que dio tramite al habeas corpus colectivo y haberse tomado nota en el Registro de Procesos Colectivos, se realizaron audiencias e inspecciones oculares en las Unidades Carcelarias, en las participaron los internos en forma directa o a través de representantes elegidos por los propios internos. 

El acuerdo comprende un “Protocolo para la Educación Superior de las Personas privadas de libertad”, y tiene por objeto  “regular la organización, funcionamiento, supervisión, control, evaluación y resguardo de las actividades de educación superior desarrolladas por personas privadas de libertad alojadas en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, garantizando el ejercicio del derecho a la educación en armonía con los principios de seguridad institucional, seguridad pública, disciplina, orden interno, tratamiento penitenciario y adecuada administración de los recursos estatales”.

Se acordó, asimismo, el monitoreo por parte del Comité Provincial contra la Tortura, la capacitación al personal del Servicio Penitenciario en Derechos Humanos, educación en contexto de encierro, prevención de la discriminación y buenas prácticas penitenciarias, junto con la colocación de afiches para difundir los derechos y deberes de los estudiantes.

Se establecen principios rectores y queda expresamente “prohibido todo trato denigrante y toda obstaculización o impedimento arbitrario a las actividades universitarias”, ausencia de privilegios, y la protección integral de los derechos humanos respetando los principios de “progresividad y no regresividad, debiendo garantizar simultáneamente el respeto de los derechos humanos de los estudiantes, de la restante población penal, del personal penitenciario, de los docentes y de toda persona vinculada al desarrollo de dichas actividades”.

Este Protocolo tambiéb crea la Comisión de Seguimiento Universitario, con una conformación plural que incluye dos estudiantes, uno en representación de los estudiantes de las unidades carcelarias de varones y  otra en representación de las unidades carcelarias de mujeres.

Se acordó, asimismo, el monitoreo por parte del Comité Provincial contra la Tortura, la capacitación al personal del Servicio Penitenciario en Derechos Humanos, educación en contexto de encierro, prevención de la discriminación y buenas prácticas penitenciarias, junto con la colocación de afiches para difundir los derechos y deberes de los estudiantes.