La falta de cobertura de cargos en la Justicia no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos meses alcanzó niveles que distintos sectores califican como alarmantes. Según un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación, en agosto pasado se registraban 337 vacantes de magistrados, fiscales y defensores para cubrir cargos en todo el país.
Del total, una parte significativa de los cargos ya fue elevada al Poder Ejecutivo Nacional para la remisión de los pliegos correspondientes, mientras que otros se encuentran en concursos ordinarios o concursos anticipados. Sin embargo, pese a los anuncios oficiales, los pliegos no fueron incluidos en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, por lo que su tratamiento quedó postergado, al menos, hasta marzo.
Gil Lavedra afirmó, en este sentido, que “la cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”, y añadió que “el Ejecutivo debe cumplir con su obligación constitucional y remitir los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
En ese contexto, las principales entidades de la abogacía nacional presentaron en septiembre pasado un reclamo administrativo ante el presidente Javier Milei. Ante la falta de respuesta, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, formalizó un pedido de pronto despacho, con reserva del derecho de acudir a la instancia judicial.
Gil Lavedra afirmó, en este sentido, que “la cantidad de vacantes judiciales pone en serio riesgo la normal prestación del servicio de justicia”, y añadió que “el Ejecutivo debe cumplir con su obligación constitucional y remitir los pliegos pertinentes al Senado de la Nación para su tratamiento”.
“La situación es de una enorme gravedad para la administración de justicia, es preciso tener presente que se está obstaculizando arbitrariamente la posibilidad de que la ciudadanía acceda a la justicia en procura de la tutela de sus derechos”, concluyó el titular del CPACF.
La situación no solo impacta en el ejercicio profesional de la abogacía, sino también en los funcionarios judiciales, que deben sostener el funcionamiento cotidiano de juzgados y tribunales con cargos vacantes. En ese marco, Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), advirtió sobre el “porcentaje inédito de vacantes” en el Poder Judicial.
“El tiempo que demora la cobertura de una vacante judicial, si se considera desde el momento en que el magistrado se jubila hasta el nombramiento del nuevo titular, es excesivamente prolongado y ocasiona innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial”, sostuvo Basso en una entrevista concedida a DiarioJudicial en noviembre pasado.